El anuncio de Argentina de abrir un tercer canje de su deuda aún en default y el cambio de jurisdicción para el pago de bonos ya reestructurados fue recibido con incertidumbre por los expertos y silencio de parte de los fondos de riesgo que enfrentan al gobierno Kirchner ante la justicia de Nueva York.

Desde uno de esos fondos, NML Capital, el vocero Peter Truell no quiso hacer comentarios el martes a la AFP sobre los anuncios de la presidenta Cristina Kirchner.

Tanto NML Capital como Aurelius, los dos fondos de inversiones que lideran la demanda contra Argentina ante la justicia federal en Manhattan, rechazaron los canjes de 2005 y 2010 aceptados por el 93% de los tenedores de bonos en default y que incluyó fuertes quitas (67% en promedio) sobre el valor nominal de esos títulos y plazos de pago extendidos.

El proyecto de apertura de un nuevo canje fue anunciado el lunes por Kirchner luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmase el viernes pasado un fallo del juez Thomas Griesa a favor de los fondos denominados "buitre" por Argentina para que cobren en efectivo y de una sola vez unos 1.470 millones de dólares por bonos en default desde 2001.

La aplicación de la sentencia quedó en suspenso hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos decida si toma el caso.

Esos fondos compraron deuda argentina cuando el país ya estaba en moratoria. Según Kirchner, los litigantes representan apenas el 0,45% del 7% de bonistas que no aceptó canjes.

Ante el riesgo de un nuevo default por un embargo judicial de sus pagos en Nueva York a los bonistas que entraron en anteriores canjes, Argentina propuso el lunes también cambiar esos títulos bajo ley estadounidense por otros bajo su legislación nacional para abonarlos en Buenos Aires.

En ese sentido también primaba la prudencia por el momento entre los tenedores de bonos reestructurados, que acompañaron a Argentina ante la justicia estadounidense para denunciar que se verían perjudicados por la sentencia a favor de NML Capital y Aurelius.

Una portavoz de Gramercy Funds Management LLC, uno de los fondos del Exchange Bondholders Group (EBG, que nuclea a bonistas que aceptaron los canjes), afirmó a la AFP que no había aún una reacción a los anuncios de Kirchner.

Los abogados que representan a EBG ya anunciaron que esperaban tener la oportunidad de entregar a la Corte Suprema estadounidense su posición en el caso.

Otro fondo de inversión que tiene bonos reestructurados, Constellation Capital, se preguntaba de su lado por qué cambiaría sus títulos para que queden bajo la ley de un país que "cambia todo el tiempo de reglas de juego".

"Nosotros somos inversores de largo plazo y por lo tanto podemos esperar porque al final, de una manera u otra, Argentina va a tener que enfrentar este problema", dijo Shahrar Shahida, citado por el diario argentino Clarín.

Según Argentina, la confirmación de un fallo adverso provocaría un aumento inmanejable de hasta 43.000 millones de dólares en su deuda, al alentar reclamos de esos bonistas que aceptaron los canjes de bonos.

"No significa necesariamente un default en este momento", según Moody's

Para Moody's, la decisión de Argentina de cambiar la jurisdicción de pago de sus bonos "no significa necesariamente un default en este momento", indicó a la AFP Gabriel Torres, el jefe analista de la agencia de calificación financiera.

"No hemos visto los detalles. Hay que ver si hay cláusulas que cambiaron. La clave va a ser si hay cambios en el dinero que reciben, la facilidad de disponer del mismo en la moneda original en la que se pagan. Si solamente cambia la jurisdicción, tendremos que ver qué significa", explicó Torres.

Para considerar que existe un default en un canje de bonos tiene que haber una perdida en valor neto actual, es decir en los porcentajes de rendimiento y plazos, precisó Torres.

"Si al deudor no le quedó más que hacer eso y a quienes lo aceptaron no les quedo otra que aceptarlo, técnicamente es un default", continuó.

Moody's diferencia desde hace un tiempo su calificación para la deuda de jurisdicción extranjera y la de jurisdicción doméstica argentina, considerando que la primera "tiene más riesgo".

Más pesimista, el economista Arturo Porzecanski, de la Americam University de Washington DC, aseguró a la AFP que el "Plan B" de Argentina "no va a prosperar".

"Al contrario, va a desatar un contraataque por parte de NML, por el cual se le va a solicitar a las cortes que aprueben una orden exigiendo que Argentina no haga nada para afectar las condiciones de pago pre-establecidas", sostuvo.

"Este Plan B es un claro intento por evadir el 'brazo de la ley' y los jueces, se nota, ya estaban hartos con la actitud desafiante de la Argentina, y eso antes del anuncio de anoche", agregó.

Para Porzecanski, esta propuesta del gobierno de Kirchner "le va a poner punto final al proceso de apelación por parte de Argentina, ya que si la Corte Suprema tenía alguna mínima intención de tomar el caso, ahora no lo va a hacer".

Si la Corte Suprema no toma el caso, la sentencia que obliga a Argentina a pagar quedará firme.

AFP.