La polémica sobre los estupefacientes en el hemisferio y el mundo ha regresado con toda intensidad.  Por eso, plantear desapasionadamente escenarios y argumentos puede ser constructivo y ayuda a alimentar una reflexión que tiene que ver, al mismo tiempo, con el crimen organizado, la cooperación entre los Estados, los servicios de salud a escala mundial y la lucha contra el terrorismo. Aquí un análisis exclusivo para EL NUEVO SIGLO del profesor Vicente Torrijos, titular de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario, y de Juan David Otálora, asistente de investigación de la misma cátedr.

 

Elementos conceptuales

- Legalización: Es la intención por parte de los gobiernos de aceptar la elaboración, tráfico y consumo de drogas mediante la aceptación de dichas conductas incluidas dentro de un marco normativo (legal) que las asegure, sin una aparente sanción.

- Prohibicionismo: Conducta -por parte de los Estados u otras organizaciones- tendiente a evitar la producción, elaboración y consumo de narcóticos con el fin de impedir su propagación. La prohibición a las actividades relacionadas con las drogas, tienen generalmente, una sanción contemplada en el código penal de cada país.

- Despenalización: Dejar de tipificar como delito o falta una conducta anteriormente sancionada por la legislación penal. En este sentido, la despenalización sugiere que una persona pueda portar cualquier tipo de estupefacientes (según la ley) sin recibir una sanción directa sobre dicha conducta.

- Proteccionismo: Es un sistema que articula una serie de acciones públicas y privadas que están orientadas a generar condiciones de seguridad a las personas en situación de vulnerabilidad, riesgo y carencia. Es un enfoque basado en la garantía de derechos sociales universales, por lo que se vinculan tanto con las carencias y vulnerabilidades de los más pobres como con la necesidad de seguridad de los sectores no pobres en los ámbitos de salud, educación, trabajo y previsión.

 

ARGUMENTOS A FAVOR DE LEGALIZAR

1-.Se generaliza la idea de que el prohibicionismo y la penalización de la droga han fracasado. Evidencia de lo anterior podría ser el mercado mundial de estupefacientes que con el pasar de los años ha aumentado considerablemente. De hecho, la prohibición causa un efecto negativo sobre lo esperado pues estimula, crea y difunde un mercado ilegal cada vez más fortalecido.

En este sentido, con la propuesta de legalización de las drogas los mercados ilegales tendrían un obstáculo para su libre circulación. En efecto, una propuesta de tales magnitudes ocasionaría un golpe contundente en la estructura de la mafia internacional que comercia con drogas, pues el monopolio de regulación y distribución de los narcóticos estaría a cargo de los Estados; o en su defecto, en manos de privados pero en todo caso con controles gubernamentales.

2-.La penalización  de la droga niega “principios medulares de un Estado fundamentado sobre los derechos humanos, pues violenta la autonomía personal, ya que el consumo de sustancias psicoactivas per se no afecta derechos de terceros”. De este modo, la prohibición desconoce la naturaleza de una sociedad pluralista donde cada miembro tiene derecho, basado en sus libertades individuales, a formar su propio destino.

Desde esta perspectiva, poner trabas a un libre consumo de este tipo de sustancias es limitar la libertad individual y en algunos casos imponer sufrimientos y sanciones. Es por ello que la legalización aboga por el respeto y la aceptación de las personas que consumen drogas, mediado por un marco institucional que asegure un mínimo de acuerdos, pero que ante todo valore la diversidad y los derechos individuales de las sociedades democráticas.

3-.De acuerdo con los defensores de la legalización, la prohibición impide un control efectivo sobre la calidad de los estupefacientes, razón por la cual, aumentan los casos de SIDA debido al uso de jeringas contaminadas –en el caso de la heroína–. Así pues, la penalización se convierte en un asunto de salud pública, pues a pesar de combatir a las mafias no se consigue intervenir en la propagación de enfermedades.

En función de lo anterior, la legalización busca la “distribución gratuita de jeringas para evitar la extensión del SIDA; suministro de sustitos como la metadona para evitar el síndrome de abstinencia; ayuda profesional voluntaria para el drogadicto que así lo desee”, entre otras ayudas que mejoran la calidad de vida de los drogadictos y al tiempo generan una protección a la salud pública.

De este modo, con una legislación a favor de las drogas se generaría un control estricto sobre la calidad en la producción y distribución de las sustancias en aras de contener la propagación de enfermedades.

4-.  Ahora bien, “según un sector de científicos –médicos y biólogos–, la drogadicción debe tratarse como un mal epidémico".

En esta perspectiva, el drogadicto se convierte en un sujeto que padece una enfermedad como cualquier otra, con lo cual, tiene derecho a ser tratado de una forma especial pero en ningún caso a ser marginalizado de la sociedad.

La legalización permitiría entonces transformar el concepto de drogadicto de persona inútil y apartada, a un ser con problemas de dependencia que merece la atención por parte del Estado en particular, y de la sociedad en general.

De esta manera, en un marco jurídico que acepte las drogas se puede crear una serie de instituciones que traten el problema mediante antídotos y educación a la juventud.

5-.  Al parecer, la guerra contra los carteles y organizaciones de la droga está fracasando. Sin desconocer la obvia importancia de las capturas y desarticulación de ciertas mafias, la lucha contra la comercialización de estupefacientes ha resultado costosa no solo en disposición de recursos sino además en pérdidas humanas.

Así las cosas, las grandes cantidades de dinero destinadas a combatir el comercio de dichas sustancias no han sido suficientes, pues las redes que controlan la distribución siguen operando con relativa normalidad.

Es por ello que la legalización defiende una inversión en proyectos sociales y centros especializados para el consumo, en contraste con la lucha contra los carteles, ya que con la distribución legal de sustancias psicoactivas el negocio deja de ser rentable para las grandes mafias, ocasionando que los gobiernos destinen parte del gasto público en el tratamiento a los drogadictos y no en una guerra ineficaz.

6-.Por otra parte, siguiendo la lógica utilitarista de las sociedades competitivas de libre mercado, la penalización resulta un negocio poco rentable para los Estados, en la medida que la inversión que busca combatir el tráfico de drogas no se justifica con los resultados obtenidos. De este modo, el consumo no ha logrado ser desincentivado gracias al acceso sin restricciones a las sustancias.

De hecho, según el Informe Mundial sobre Drogas para 2011 de la ONU entre 1990 y 2008, “el precio al detal de un gramo de cocaína en Europa se redujo mucho, pues pasó de 143 euros en 1990 a 70 en 2008, en lugar de elevarse”.

Esta situación comprueba que la penalización –por el contrario de lo que busca– incentiva más el consumo, pues la oferta y demanda en este mercado ilegal ocasiona la reducción de precio y con ello facilita el acceso a más personas.

En contraste, la legalización propone un marco normativo que permita regular y controlar la distribución de los estupefacientes en una sociedad determinada. Así pues, mediante una intervención de los precios se puede buscar concretamente la reducción de la población que consuma drogas.

Ello se consigue -siguiendo la lógica económica presentada- mediante el aumento de precios a ciertas sustancias, lo que naturalmente ocasiona un descenso en el consumo y a largo plazo permite desincentivar esta práctica.

7-.Finalmente la penalización ocasiona un problema grave de marginalización. En este sentido, el drogadicto es visto como un ser desprovisto de virtudes que solo ocasiona gastos al gobierno. Sin embargo, lo que pretende la legalización es buscar la inclusión de estas personas a la sociedad con el objetivo que sean aceptadas y comprendidas en su condición, en aras de evitar romper la cohesión social.

Desde esta óptica, si la sociedad no reconoce al drogadicto como un miembro más del entramado social, sino que por el contrario lo rechaza y lo aísla, esta situación puede traer consigo problemas de delincuencia, pues al estar proscrito de la comunidad  el consumidor buscará los medios para seguir su actividad.

Por el contrario, si existe una ley que asegure ciertos derechos al drogadicto se podrá avanzar en la inclusión haciendo que las sociedades sean más plurales y democráticas.

 

ARGUMENTOS EN CONTRA DE LEGALIZAR

1-.Es casi ineludible al hablar en contra de la legalización de las drogas, argüir una razón de tipo moral o ética.

En este sentido, una sociedad no puede permitir que parte de sus miembros se hagan daño mediante el consumo de sustancias que no traen bienestar a sus vidas, pues como ha sido comprobado, los estupefacientes reducen la calidad de vida de los consumidores al tiempo que aumenta el riesgo de contagio de enfermedades.

De este modo, los grupos sociales en aras de mantener una firme cohesión no pueden aceptar con naturalidad que existan personas que se infrinjan daño, pues -al contrario de quienes abogan por la legalización-, el consumo de drogas sí afecta a terceros: es el caso de las familias de personas dependientes a la droga, que padecen gracias a las actitudes de estos individuos.

Por tal motivo, la aparente libertad individual ocasiona una repercusión social que la legalización podría eventualmente agravar, debido al aumento de casos, propio de la “liberalización” del consumo.

2-.De otro lado, quienes abogan por la legalización han argumentado que un marco normativo estricto permitiría desarticular las mafias que trafican con sustancias psicotrópicas.

No obstante, no hay nada más lejano a la realidad –según quienes se oponen a la legalización– ya que a pesar de que exista un eventual control, las mafias en ningún caso desaparecerían pues el nuevo negocio estaría  en brindar sustancias a menor precio.

Un claro ejemplo fue la legalización del alcohol que trajo la reducción de los consumidores y a pesar de la institucionalización de su distribución, aún persisten las mafias que trafican con licor adulterado.

En otras palabras, es una situación de difícil control en la medida que el gobierno tendría que hacer dos tareas: la primera controlar la producción y distribución de la droga; y en segunda instancia, combatir a las mafias. Es por ello que quienes defienden la penalización prefieren concentrarse en una sola tarea, esto es, combatir a las organizaciones que trafican con narcóticos.

3-.Por otra parte, de no convertirse en un monopolio del Estado, la legalización de la droga puede crear competencia en el sector privado.

De esta manera y de acuerdo a la liberalización del mercado, la oferta de distintos productos psicotrópicos ocasionaría un mayor acceso por parte de la población.

De ahí que, el problema social aumente debido a la exposición que tengan los menores de edad a este tipo de sustancias y la relativa facilidad para acceder a los mismos.

Desde esta perspectiva, si la droga es legalizada es muy probable que se convierta en un negocio controlado por grandes empresarios que mediante publicidad y otro tipo de estrategias estimulen el consumo de narcóticos. Así pues, con la prohibición se impide que los menores logren exponerse a una situación que acarrea grandes problemas sociales.

4-. Es indiscutible que si se pretende la legalización se debe contar -por lo menos en una primera etapa– con el control estatal.

Empero, dada la debilidad en la estructura misma de algunos Estados y la falta de acceso a recursos para controlar las actividades de distribución, es de esperar que algunos grupos se apoderen del tráfico de estupefacientes y con ello desafíen el monopolio de la fuerza legítima ostentado por el Estado.

Así pues, la mayoría de los gobiernos del sistema internacional carecen de recursos efectivos para controlar la difusión de este tipo de actividades, razón por la cual resulta peligroso aceptar que se liberalice la distribución de drogas.

5-.Los opositores a la legalización de narcóticos, sí ven como un problema el hecho de reconocer la drogadicción como algo natural y aceptable.

En este sentido “la legalización de la droga traería como consecuencia la necesidad de clasificar, legislar y administrar estupefacientes de forma permanente”.

De acuerdo con esto, los recursos empleados en tratar a las personas dependientes, impide que se desarrollen otro tipo de proyectos sociales, como la ayuda a personas de escasos recursos.

Desde esta óptica, los tratamientos a los drogadictos ocasionarían un gasto para los gobiernos que en ningún caso sería retribuido.

En otras palabras, administrar drogas periódicamente a una persona que se siente dependiente, no otorga beneficios reales al Estado, ni asegura por completo que el individuo dejará de consumir; por el contrario aumentaría el gasto público.

6-.Ahora bien, según algunos defensores de la penalización es posible mediante “la combinación de la represión y la prevención del consumo”: controlar el uso de estupefacientes.

En función de lo anterior, la lucha contra el tráfico de drogas ha dado frutos considerables como la reducción de las exportaciones de cocaína de Colombia a Estados Unidos.

Así, con una adecuada intervención y mediante proyectos educativos que conciencien a la población del peligro que representa este tipo de sustancias, se podría llegar a una situación satisfactoria, por lo que la legalización sería un proceso infundado.

7-.Según uno de los principios democráticos más representativos, “el interés general debe primar sobre el interés particular”. De esta manera, la decisión individual de consumir drogas trae consecuencias nefastas para la sociedad en su conjunto, pues detrás del tráfico de estupefacientes existe una red de explotación y muerte.

Por tanto, legalizar el consumo de drogas sería institucionalizar un negocio que trae al menos dos consecuencias graves. En primera instancia, un posible aumento de las personas dependientes, lo que ocasiona pérdida de población en edad de trabajar. Y en segunda medida, los valores más arraigados de las sociedades se verían irremediablemente horadados por simples perspectivas individualistas.