LA INDIGNACIÓN nacional por la escasez y precario estado de los alimentos que reciben los estudiantes de colegios públicos, ha ido en aumento en los últimos días, hasta el punto que la Procuraduría alertó que más del 51% de los alumnos de instituciones estatales sufre por la mala atención.

Ante estas denuncias, el mismo Gobierno reconoció que no hay los suficientes recursos para sostener el programa de alimentación escolar (PAE), pero no se sabe qué hicieron los departamentos con $1,6 billones que se han girado.

 

Como lo han afirmado varios parlamentarios, esto evidencia la corrupción que existe detrás de este programa, olvidando que la alimentación es un derecho humano fundamental y que es un pilar indispensable para la educación con calidad.

 

El presidente de la Cámara, Hernán Penagos, dijo a EL NUEVO SIGLO  que  es muy preocupante esta situación, “se está evidenciando la  falta de recursos para poder dar cumplimiento a este programa de alimentación escolar, pero por otro lado está la corrupción  con los pocos recursos que se tienen”.

 

Para el parlamentario, es importante  hacer una articulación con todas  las entidades del Estado. Gobernaciones, alcaldías y Ministerio de Educación para que estos recursos se junten, tener unas bolsas comunes y tratar de aprovechar economías de escala.

 

El congresista no descartó que se pueda citar a un debate de control político a la ministra de Educación, Gina Parody para que explique las irregularidades de este programa que afecta a miles de niños en el país.

 

¿No alcanza la plata?

Luego de la cumbre de la Federación Nacional de Departamentos donde se discutió los graves inconvenientes que tienen los gobernantes, el presidente de la corporación, Amílkar Acosta, concluyó que “la plata de los gobernadores no está alcanzando para cubrir el programa de alimentación escolar en los departamentos, situación que se ha transformado en la escasez y pésima calidad de los alimentos que reciben los estudiantes”.

 

Durante su intervención la gobernadora del Valle del Cauca, Dilia Francisca Toro, pidió que el Gobierno “vuelva a coger los timones” de la alimentación escolar. 

 

A  su vez, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, insistió que los mandatarios regionales no pueden con una responsabilidad que les asignaron, pero que los obliga a sacar presupuesto de otras partes para cumplirla.

 

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, expresó que la desfinanciación que el PAE tiene por cuenta de la asignación a las regiones alcanza el 50 por ciento.

 

“Si se nos dan las competencias, que también se nos transfieran los recursos. El Programa está desfinanciado en un 50%”, reclamó el gobernador de Cundinamarca.

 

“Hay que acabar las mafias”

La ministra de Educación, Gina Parody, reconoció que el PAE presenta una crisis y  advirtió que para que funcione primero es necesario acabar con las mafias que quieren abrir nuevos mercados como ocurre con las de Norte de Santander que ahora buscan espacio en la costa Atlántica.

Parody resaltó que el frente común del que también hacen parte la Fiscalía y la Contraloría se haya sumado ahora la Procuraduría, ente de control al que le criticó que en seis años no haya producido sanciones.

 

“Llevan seis años en medidas preventivas y no hay un proceso disciplinario. Seis años señalando y diciendo, pero necesitamos acciones. Cómo es que ve que a un colegio de La Guajira llegan tres raciones y su función preventiva no actúa”, dijo la jefa de la cartera de educación.

 

Presupuesto del programa

Según Parody, en 2015 se manejó un presupuesto de $1.6 billones, de los cuales $800.000 millones correspondían al Gobierno central. Los otros recursos le correspondía aportarlos a alcaldías y gobernaciones con dineros de regalías, presupuesto propio o del SGP (Sistema General de Participación).

 

La ministra Parody reveló que “para este año la partida del Gobierno central bajó de $800.000 millones a $680.000 millones. Los otros recursos, precisó, los deben buscar los mandatarios que “tienen derechos y obligaciones”.

 

Agregó que presentará un proyecto de ley para regular y organizar el manejo de estos recursos y para que se penalice y castigue el desvío de las partidas destinadas a la alimentación escolar.

 

Abren investigaciones

Por  implicar una vulneración a los derechos fundamentales de los niños, la Procuraduría pidió al Gobierno nacional una revisión total del PAE. El organismo de control confirmó que adelanta 145 acciones disciplinarias por posibles irregularidades, como el engaño a los niños denunciado en un video en un colegio del municipio de San Alberto, Cesar.

 

“Aquí hay un tema ético y de responsabilidad constitucional sobre la protección de los derechos. El programa debe ser reevaluado y acordado por todas las entidades que les corresponde, no solo por el Ministerio de Educación”, aseguró la procuradora delegada para la Infancia, Adolescencia y Familia, Ilva Myriam Hoyos, en el marco de la cumbre extraordinaria de gobernadores, organizada por la Federación Nacional de Departamentos.

 

En este encuentro de mandatarios departamentales se propuso la creación de una mesa de seguimiento al programa y al respecto la representante del Ministerio Público afirmó:

“Esperamos que esta mesa que se crea en esta reunión sea operativa y lleguemos a una solución concertada, no impuesta”.

 

La funcionaria recordó que de tiempo atrás la Procuraduría hizo advertencias sobre las falencias jurídicas, financieras, organizacionales, administrativas y presupuestales del PAE y citó el comunicado que en este sentido envió en el 2013 al presidente de la República, Juan Manuel Santos.

 

Agregó que en el 2014, conjuntamente con la Contraloría se volvió a pronunciar, “sin que tuviéramos respuesta en una y otra ocasión”.

 

“Sentimos que hay un silencio de parte del Gobierno en este tema. Podemos hablar de ‘un silencio de los inocentes, porque termina afectando los derechos fundamentales de los niños’”, precisó la procuradora delegada tras oír de manera atenta las intervenciones de los gobernadores.