Un llamado a las dependencias competentes para que se estudien a fondo los motivos que llevan a los solicitantes a desistir del proceso de restitución de tierras y tomar acciones para disminuir estos índices formuló la Procuraduría.

El Ministerio Público presentó un análisis de los avances en la ejecución del proceso de restitución de tierras por parte de las unidades administrativas especiales de gestión en el nivel territorial, en el periodo comprendido entre la expedición de la Ley 1448 de 2011 y el 30 de abril de 2015, con base en la información recopilada en visitas preventivas a las citadas dependencias de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de la Restitución de Tierras.

En su informe, la Procuraduría resaltó que en desarrollo de la fase administrativa del proceso de restitución de tierras se han presentado 624 desistimientos, principalmente en Atlántico (86), Cundinamarca (79) y Tolima (62). Una de las principales razones es la falta de interés del solicitante en celebrar nuevas negociaciones sobre el predio, además de la existencia de negocios jurídicos hechos de manera voluntaria y con justo precio, el reconocimiento -por parte de los solicitantes- de no cumplir con los requisitos para serlo, el desconocimiento del proceso, la intención de no causar daño a las personas que ocupan el predio, y -más grave aún- el temor al retorno.

El Ministerio Público reconoció, de otra parte, la labor de las direcciones territoriales de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de la Restitución de Tierras, al poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, hasta la fecha, 178 casos de presuntas falsas víctimas que han pretendido ingresar solicitudes al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, pues esto genera confianza en el trabajo juicioso y minucioso que debe hacer la Unidad respecto a las personas que buscan el amparo de los derechos consagrados en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.