El español Santander, primer banco de la Eurozona por capitalización, anunció es la dimisión de su número dos, Alfredo Sáenz, quien será reemplazado por Javier Marín, responsable hasta ahora de la división de seguros, gestión de activos y banca privada del grupo.

Sáenz, de 70 años, era consejero delegado del banco desde 2002, y su nombre sonaba hasta ahora como favorito para suceder a Emilio Botín, de 78 años, en la presidencia de este banco con fuerte implantación en América Latina.

En 2011 Saénz había sido condenado a tres meses de cárcel e inhabilitación para ejercer como banquero por un caso que remontaba a 1994, cuando era presidente de Banesto, banco comprado por Santander ese año.

Pocos meses después fue indultado por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pero el Tribunal Supremo español anuló parcialmente esa decisión hace 10 días.

"Alfredo Sáenz Abad ha comunicado al consejo de administración del banco celebrado hoy, en Santander, la renuncia voluntaria a sus cargos de vicepresidente y consejero delegado, dejando asimismo de formar parte del consejo", informó la entidad en un comunicado, sin precisar los motivos de esta dimisión.

El directivo, que en 2012 cobró una remuneración total de 8,2 millones de euros, adquirió además el derecho a recibir 88,2 millones de euros (unos 115 millones de dólares) como pensión en el momento de su jubilación, según el informe anual de Santander.

"El consejo ha acordado nombrar nuevo consejero delegado a Javier Marín Romano, que se incorporó al Grupo Santander en 1991 y que, hasta la fecha, ha sido director general del banco y responsable de la División Global de Seguros, Gestión de Activos y Banca Privada", agregó.

Nacido en 1966, Marín es licenciado en derecho y diplomado en gestión de empresas, según su currículum.

La condena de Sáenz concernía la presentación de falsas denuncias contra clientes de Banesto con el objetivo de recuperar créditos impagados. Al anular parcialmente el indulto, el Tribunal Supremo consideró que el gobierno de Zapatero se había extralimitado al eximirlo de las consecuencias administrativas de esta condena.

Sin embargo, el gobierno conservador de Mariano Rajoy adoptó el 12 de abril un decreto que permite continuar ejerciendo a los banqueros con antecedentes judiciales.

Dicho decreto prevé que sea el Banco de España quien decida, caso por caso, si un banquero condenado o investigado por delitos económicos puede continuar ejerciendo sus funciones.

La medida había sido interpretada como una decisión favorable a Sáenz, ya que levantaba los obstáculos a su acceso a la presidencia de Santander.

En los años en que Sáenz dirigió la entidad, "el Grupo Santander ha casi cuadruplicado su tamaño, pasando de unos activos de 358.138 millones de euros (2001) a 1,25 billones de euros (2012) y de unos fondos gestionados de 453.384 millones de euros (2001) a 1,39 billones de euros (2012)", subrayó el banco.