Ante lapropuesta del Estado de conciliar en el caso del genocidio de la Unión Patriótica (UP) en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay todo tipo de reacciones.

El anuncio lo hizo Adriana Guillén, directora de la agencia de defensa jurídica del Estado durante una audiencia en la CIDH sobre el caso de Miguel Ángel Díaz, militante de este partido asesinado en los 80. La propuesta consiste en crear una comisión con expertos internacionales para avanzar en una solución amistosa a este caso que lleva 20 años en el órgano internacional.

Desde la UP, la líder y candidata a la vicepresidencia, Aída Avella, deslegitima la propuesta por cuanto cree que “no es serio que después de 20 años recogiendo información y de documentar más de 25mil casos, creen una comisión para ver si el Estado tiene responsabilidad. Eso lo deben definir los tribunales internacionales”.

Avella recuerda que esta demanda ante la CIDH se interpuso en 1993, luego de solicitarle información a la Fiscalía General de la Nación sobre cómo iban los casos de más de 1.117 militantes asesinados hasta ese momento y descubrir que “el 98% de los procesos estaban archivados por falta de pruebas”.

Intento previo

En este caso ya hubo un intento por llegar a una solución amistosa, que se frustró en 2006 por un desacuerdo en el número de víctimas. Mientras que la Corporación Reiniciar -uno de los peticionarios- reclama que el Estado acepte la responsabilidad por 6.528 víctimas, el Estado solo contabiliza 2.300 casos.

Ahí radica nuevamente el obstáculo para que se llegue a una solución concertada. Según Avella y Jahel Quiroga, de Reiniciar, el reconocimiento de la responsabilidad por parte del Estado y la aceptación de ese número de víctimas no se van  a dar.

¿Qué está en juego?

El internacionalista Mauricio Jaramillo Jassir cree que sí existe un ambiente propicio para que el Estado colombiano ceda ante los reclamos de las víctimas.  “Al Estado le conviene como nunca antes llegar  a una solución amistosa con la gente de la UP, sobre todo si quiere proyectar que es viable una reconciliación y un posconflicto”, aseguró el profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.

Por su parte, María Carmelina Londoño, profesora de derecho internacional de La Sabana, cree que sería muy difícil para el Estado reconocer un número de víctimas que no ha comprobado.

Además del enorme costo que podría acarrear una sanción de la Corte si el caso no se concilia en la Comisión, existe un efecto en la imagen del país “desde el punto de vista político, por lo que significa para el prestigio de Colombia, que quedaría como un país violador de derechos humanos”, explicó Jaramillo. A eso se suman las presiones luego de no haber acogido las medidas cautelares que interpuso la CIDH en el caso Petro.