Acoso escolar

Frenar el bullying o acoso escolar es el objetivo del proyecto de ley número 201 de 2012 Cámara, “por el cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”.

La iniciativa fue radicada el 21 de marzo por los representantes Juana Carolina Londoño y Telésforo Pedraza, del Partido Conservador; el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, jefe único del Partido Liberal; y la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo.

La propuesta es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural.

 

Salud

 

El servicio de salud es una responsabilidad indelegable del Estado, no sometido a la regla de rentabilidad o eficiencia. Conforme a su capacidad económica, las personas contribuirán al sostenimiento del servicio en las condiciones que señale la ley. Podrá contratarse la prestación de ciertos servicios de apoyo a la salud con empresas particulares.

Así pretenden que quede establecido en la Constitución los representantes Pablo Enrique Salamanca, Jorge Eliécer Gómez, Hugo Orlando Velásquez, Carlos Julio Bonilla, Orlando Velandia, Adriana Franco, Pedro Pablo Pérez y Roberto Ortiz, del Partido Liberal; Eduardo Enrique Pérez, del Partido de Integración Nacional (PIN); y Juan Carlos Salazar, que recientemente renunció al PIN.

Se trata del acto legislativo número 200 de 2012 Cámara, “por medio del cual se adiciona un inciso al artículo 11 de la Constitución Política que eleva a derecho fundamental la salud de todos los colombianos”, radicado el 20 de marzo.

 

Pensión familiar

 

Un proyecto de ley que tiene por objeto crear la pensión familiar de tal forma que los cónyuges o compañeros permanentes puedan adquirir una pensión y la puedan disfrutar sin afectar el equilibrio financiero del sistema, radicó el 20 de marzo el senador Camilo Sánchez, del Partido Liberal.

Se trata del proyecto de ley número 203 de 2012 Senado, “por medio del cual se crea la pensión familiar”.

 

Quemaduras con ácido

 

Otro proyecto busca fortalecer las medidas de prevención, protección y atención integral de las ciudadanas y ciudadanos, en contra de cualquier tipo de acto violento o crimen que se realice utilizando ácidos o álcalis o sustancia similar o corrosiva.

Para ello determina que el que cause a otro daño en el rostro, en el cuerpo o en la salud, usando para ello cualquier tipo de ácidos o álcalis o sustancia similar o corrosiva con la intensión de afectar la imagen corporal de la víctima, incurrirá en pena de prisión de 6 a 12 años y multa de 50 a 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Es el proyecto de ley número 197 de 2012 Senado, “por medio del cual se fortalece las medidas de protección a la integridad de las ciudadanas y ciudadanos frente a crímenes con ácido, se regula el uso y comercio de ácido y crea el artículo 118 a en la Ley 599 de 2000”, radicado el 13 de marzo por los senadores Alexandra Moreno, Manuel Antonio Virgüez, Carlos Alberto Baena, del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA); así como los representantes Óscar de Jesús Marín, del Partido Liberal, y Gloria Stella Díaz, del MIRA.

 

Piscinas

 

Las unidades residenciales que tengan piscinas, deberán dar cumplimiento al presente artículo durante los fines de semana, al igual que en época de vacaciones escolares y cuando se realicen eventos sociales en la piscina o sus alrededores que involucren menores de 14 años, sin consideración al número de menores que la utilicen a la vez. El acceso a las áreas de piscina a menores de 12 años de edad, en unidades residenciales, queda estrictamente prohibido sin la compañía de un adulto que se haga responsable de su seguridad; dicha responsabilidad exime a las unidades residenciales cuando el adulto responsable o los padres del menor permitan su ingreso sin el debido cuidado y por tratarse de una actividad de alto riesgo.

Así lo establece el proyecto de ley número 183 de 2011 Senado, “por medio del cual se modifica la Ley 1209 de 2008 en relación con la seguridad en piscinas en unidades residenciales”, radicado el 5 de diciembre pasado por los senadores Juan Carlos Vélez y Karime Mota, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

 

Violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria

 

Eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria es el objetivo del proyecto de ley número 164 de 2011 Senado, “por el cual se reforma parcialmente la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal”, radicado el pasado 9 de noviembre por la bancada de mujeres en el Congreso: Alexandra Moreno y Gloria Stella Díaz (MIRA); Marta Cecilia Ramírez, Myriam Alicia Paredes y Nora María García, del Partido Conservador; Rosmery Martínez, de Cambio Radical; Ángela María Robledo, del Partido Verde; Arleth Casado, Nancy Denise Castillo y Yolanda Duque, del Partido Liberal; Gloria Inés Ramírez, del Polo Democrático; Maritza Martínez, Dilian Francisca Toro y Claudia Marcela Amaya, del Partido Social de Unidad Nacional (La U); y Teresita García, del PIN.

La iniciativa determina que la pena privativa de la libertad por la comisión del delito de violencia intrafamiliar será la vigente de 4 a 8 años con los aumentos previstos en el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 229 de la Ley 599 de 2000.

 

Tarifas diferenciales de transporte

 

El proyecto de ley número 147 de 2011 Cámara, “por medio del cual se beneficia a usuarios del Servicio Integral de Transporte Masivo (SITM) en torno a un enfoque social para superar la pobreza”, acumulado con el número 157 de 2011 Senado, “por medio del cual se establecen tarifas diferenciales en el servicio público de transporte de pasajeros”, tiene como objeto principal, y en virtud del principio de igualdad y solidaridad, establecer unos beneficios en el valor de la tarifa en el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) para los sectores de la población más desprotegidos y necesitados de nuestro país. Se otorgará un subsidio del 30 por ciento a personas de la tercera edad carnetizadas por el Sisbén I, II y III, a los estudiantes de educación básica y secundaria, y un 20 por ciento para estudiantes de educación superior del Sisbén I, II y III.

La iniciativa, que el miércoles logró ser aprobada en primer debate en la Comisión Sexta del Senado, fue radicada el pasado 10 de octubre por el presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador; días después (el 1 de noviembre), el proyecto que se le acumuló fue radicado por el senador Efraín Cepeda, presidente del Directorio Nacional Conservador (DNC).

 

Insolvencia

 

A falta de uno, hay dos proyectos (uno en Cámara y otro en Senado) para que los deudores puedan acogerse a un procedimiento legal y gratuito que les permitan, mediante un trámite de negociación de deudas, luego de proponer una forma de pago, celebrar acuerdos con sus acreedores y cumplir con sus obligaciones con el sistema financiero, con el comercio y demás personas naturales.

En Cámara se tramita el proyecto de ley número 97 de 2011, “por el cual se establece el Régimen de Insolvencia para Persona Natural No Comerciante”, radicado el 20 de septiembre pasado por el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, jefe único del Partido Liberal, y el senador Efraín Cepeda, presidente del DNC, en compañía de los legisladores Miguel Amín, Bernardo Elías y José Alfredo Gnecco, todos de La U.

En Senado se encuentra el proyecto de ley número 128 de 2011, “por el cual se establece el Régimen de Insolvencia para la Persona Natural No Comerciante”, radicado el 20 de septiembre de 2011 por el senador vallecaucano Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

El de Cámara ya espera segundo debate en plenaria.

Ambos articulados buscan el establecimiento de un régimen de insolvencia para la persona natural no comerciante, necesidad legal omitida en la Ley 1116 de 2007 que estableció el régimen de insolvencia empresarial dirigido eminentemente a las personas jurídicas dedicadas a la actividad empresarial y comercial.

Armas

 Una preocupación ciudadana tiene que ver con el porte de armas. Tres proyectos en el Congreso abordan el tema.

Por una parte, hay dos sobre armas blancas. En Senado está el número 204 de 2012, “por medio del cual se adiciona el artículo 365A a la Ley 599 de 2000 - Código Penal Colombiano”, radicado el 20 de marzo por el senador liberal Camilo Sánchez; y en Cámara el número 117 de 2011, “por el cual se adiciona el artículo 365-A, al capítulo II de la Ley 599 de 2000”, radicado el pasado 4 de octubre por el representante Wilson Gómez, de La U.

Mientras el senador Sánchez propone que quien sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre o porte armas blancas u objetos cortopunzantes o contundentes, incurrirá en prisión domiciliaria, según lo previsto en el artículo 38 de la parte general del Código Penal, de 1 a 3 meses; el representante Gómez plantea que el que en escenarios deportivos, religiosos, culturales, establecimientos en los que se expendan bebidas alcohólicas o en cualquier medio de transporte público, porte, amenace, intimide o amedrente a otro, valiéndose de arma blanca, incurrirá en multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En cuanto a las armas de fuego, el proyecto número 152 de 2011 Cámara, “por medio de la cual se deroga el artículo 100 de la Ley 1453 de 2011”, fue radicado el pasado 25 de noviembre por los representantes Victoria Eugenia Vargas, Adriana Franco, Rubén Darío Rodríguez y Orlando Velandia, del Partido Liberal, pretende eliminar la obligación de “contratar una póliza de responsabilidad civil, para amparar los daños y perjuicios a terceras personas derivada del uso” del arma con salvoconducto.

 

Servicio militar

Del servicio militar se ocupan varios proyectos

El número 206 de 2012 Senado, “por la cual se estimula a los soldados bachilleres que presten su servicio a la patria, vinculándolos al proceso educativo de nivel superior”, radicado el 20 de marzo por el senador Fernando Tamayo, del Partido Conservador, “establece el vínculo a nivel educativo superior de todos los estudiantes que terminen el ciclo de educación media vocacional y sean incorporados a las Fuerzas Militares”.

Otra iniciativa propone que las personas que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3, no paguen sanción económica alguna, al incurrir en cualquiera de las causas previstas en el artículo 41 de la Ley 48 de 1993, siempre que presten 2 meses de servicio social, y cubran los costos de expedición y laminación del documento.

Es el proyecto número 225 de 2011 Senado, “por el cual se modifica la Ley 48 de 1993 y 1184 de 2008, que reglamenta el Servicio de Reclutamiento y Movilización y la Cuota de Compensación Militar”, radicado el 11 de marzo del año pasado por el senador Carlos Enrique Soto, de La U; el articuldo, que ya está listo para pasar a tercer debate en la Cámara, fue acumulado con iniciativas presentadas por la bancada del MIRA y el senador Juan Carlos Vélez (La U).