El diálogo de paz que las Farc iniciarán con el Gobierno la próxima semana en La Habana plantea a la guerrilla el desafío de reconvertirse en un movimiento político legal, y a las autoridades el de garantizarles la seguridad.

 

Última gran guerrilla que persiste activa en América Latina, las Farc cuentan en la actualidad con unos 9.200 combatientes que deberán reinsertarse en la vida civil, y a la vez tendrán de algún modo que dar cuenta de sus actos a miles de víctimas del conflicto armado que se acerca al medio siglo.

 

Las experiencias anteriores de pacificación de otros grupos guerrilleros en Colombia, que se beneficiaron de amnistías generales, poco aportarán como referencia en esta ocasión, consideran los analistas.

"Esta vez no se plantea que haya una amnistía absoluta. Se podría pensar en un indulto a las tropas, pero a los mandos medios y altos les espera un juicio y una sanción, lo que no significa que no puedan beneficiarse de suspensión o de reducción de penas", dijo a la AFP Javier Ciurlizza, director para América Latina y el Caribe del instituto Crisis Group.

 

Ante ese panorama, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos consiguió aprobar este año en el Congreso el "marco jurídico para la paz", un mecanismo que debe ser reglamentado pero que prevé la suspensión del cumplimiento de penas y otros beneficios procesales a los guerrilleros que dejen las armas.

 

Sin embargo, las condenas que ya han sido dictadas en ausencia a los comandantes de las Farc implican inhabilitación política de por vida, recordó Ciurlizza, quien sugirió que el gobierno deberá encontrar mecanismos que "permitan crear algún tipo de vocería política".

 

Para las Farc, la creación de un partido implica una serie de dificultades. Además de tener que cumplir con requisitos de número de adherentes y porcentaje de votación, Ciurlizza resalta como obstáculo que la guerrilla carece de un programa político claro.

 

"Las Farc no tienen un programa con el que puedan decir cuál es su definición ideológica. Es un movimiento muy pragmático que se ha unido en torno a la guerra, que se presenta un poco marxista, un poco maoísta, un poco bolivariano", consideró.

 

Para Ariel Ávila, investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, especializada en el conflicto armado colombiano, "las garantías judiciales marcarán uno de los debates más intensos" en la mesa de diálogo.

 

"Por un lado, será difícil esperar que luego de 50 años en la guerra, la comandancia de las Farc haga dejación de armas a cambio de años en prisión. De otro lado, será muy complejo que la comunidad internacional y la propia sociedad colombiana acepten una negociación que signifique cero prisión", opinó.

La paz y el riesgo del crimen político

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El último proceso de paz exitoso de Colombia ocurrió en 1990, cuando las guerrillas Movimiento 19 de Abril Ejército Popular de Liberación y Quintín Lame se desmovilizaron y obtuvieron una amnistía general.

 

El M-19, en particular, consiguió entonces una importante representación en la Asamblea Constituyente de 1991, que redactó la actual Carta Magna, y uno de sus más altos dirigentes, Gustavo Petro, es actualmente alcalde de Bogotá.

Pero a la vez, el M-19 sufrió los estragos del crimen político, con el asesinato en 1990 de su máximo comandante y para la época candidato a la presidencia, Carlos Pizarro.

 

Ese mismo año fue asesinado también Bernardo Jaramillo, aspirante a la presidencia por la Unión Patriótica (UP), un partido cercano a las FARC que ya había perdido en 1987 por la violencia a otro candidato presidencial, Jaime Pardo. En total, unos 3.000 dirigentes, militantes y simpatizantes de la UP fueron asesinados a fines de los años 1980.

"La protección de los líderes y militantes de las FARC después de un acuerdo de paz es fundamental para el éxito del proceso", aseveró Ávila.

 

En caso de que se superen las trabas jurídicas y las FARC obtengan suficientes garantías de participación, la guerrilla y el gobierno tendrán que lidiar también con la opinión pública, para que acepte la negociación, apuntó María Victoria Llorente, de la Fundación Ideas para la Paz.

La mayor parte de los colombianos "entienden este proceso como una negociación política, pero no están de acuerdo con que se le dé a la guerrilla participación política y exigen que no haya impunidad", indicó Llorente.

 

Colombia espera impaciente diálogo con Farc

Desgastados tras medio siglo de conflicto armado, el más largo de América Latina, los colombianos esperan con impaciencia el inicio del diálogo de paz en La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla FARC, pese a que las pláticas no implicarán una tregua.

Un mes después de la instalación formal del proceso en Noruega, país garante junto con Cuba del proceso de paz, las dos delegaciones postergaron hasta el lunes el inicio de las negociaciones, previstas originalmente para arrancar el 15 de noviembre.

El aplazamiento busca definir la participación ciudadana en el proceso, explicaron el gobierno y las FARC en un comunicado conjunto.

"La guerilla quiere incluir a representantes de la sociedad civil para ensanchar las negociaciones con temas sociales. Pero lo más probable es que las autoridades solo acepten que sean observadores, no actores activos", dijo a la AFP el politólogo Fernando Giraldo.

 

Aunque se declaró optimista frente a lo que se puede lograr, Giraldo advirtió sin embargo que las Farc"deben tener mucho cuidado y no presionar demasiado", pues el gobierno podría romper el diálogo.

Las delegaciones que dirigen el exvicepresidente Humberto de la Calle y el número dos de las Farc Iván Márquez trabajarán sobre una agenda ya acordada de cinco puntos: desarrollo agrario, participación política, drogas ilícitas, abandono de las armas, y víctimas.

 

La desigualdad en el acceso a la propiedad en el campo, el primer tema que será abordado y que figura como causa del surgimiento de las Farc, se anuncia como uno de los puntos cruciales de estas conversaciones.

Según cifras de la ONU, en Colombia, uno de los países del mundo con mayor inequidad, más de la mitad de las tierras agrícolas pertenecen a 1% de la población.

"Buena voluntad"

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Pero otros temas también se asoman como polémicos para la sociedad colombiana, especialmente el de las garantías a otorgar a los guerrilleros que dejen las armas y su futura participación en política.

 

La idea de suspender las penas de cárcel a los insurgentes es vista con recelo por las asociaciones de víctimas, pero también por sectores políticos radicalmente opuestos a una negociación con las Farc, luego de que en los últimos 30 años fracasaran tres intentos de ese tipo.

"Ese proceso de paz es un chiste. Nunca va a pasar con las Farc", comentó a la AFP un responsable militar que pidió reserva de su nombre.

 

En casi 50 años, el conflicto armado del que han participado también paramilitares de extrema derecha y grupos narcotraficantes y otras organizaciones guerrilleras de izquierda, ha dejado alrededor de 600.000 muertos, 15.000 desaparecidos y casi 4 millones de personas desplazadas por la fuerza.

 

"Si hay buena voluntad, hay acuerdos, si no hay buena voluntad, pues no hay acuerdos", dijo esta semana Santos, quien ha fijado en "meses y no años" el plazo de estas pláticas y rechaza declarar un cese el fuego hasta lograr un acuerdo final.

 

Las Farc han sido arrinconadas en la última década a las zonas rurales más apartadas del país, con una política de combate frontal que ha contado con el apoyo logístico y financiero de Estados Unidos.

Aunque las Farc aún cuentan con unos 9.200 guerrilleros, esa cifra representa la mitad de los efectivos que tuvieron a fines de los años 1990.

 

Su comandante Timoleón Jiménez, alias Timochenko ha expresado su "gran esperanza" de lograr la paz, luego de haber renunciado este año al secuestro de civiles confines de extorsión económica y haber liberado a los últimos diez policías y militares que las Farc mantenían como rehenes.

 

Además, la guerrilla evalúa decretar una tregua en Navidad, según Carlos Lozano, dirigente del Partido Comunista colombiano que se entrevistó con los voceros de las FARC en La Habana.

Finalmente, la otra guerrilla izquierdista de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se declaró dispuesta a entablar también un proceso de paz con el gobierno, que en respuesta le pidió discreción.

 

Pero mientras tanto, en las zonas rurales los enfrentamientos prosiguen y ponen a prueba los nervios de sus habitantes, que se debaten entre la esperanza y la desconfianza.

Una semana antes del inicio del diálogo, un vehículo bomba que explotó en la población de Suárez (suroste), en la zona donde hace un año murió en un ataque militar el entonces comandante máximo de las FARC Alfonso Cano, dejó una veintena de personas heridas y cerca de 60 casas destruidas.

 

"Siempre son los civiles los damnificados. Ojalá termine todo eso con las negociaciones", dijo a la AFP Erwan Quintero, un comerciante de 32 años cuya tienda quedó entonces totalmente destruida.