Un posible detrimento patrimonial al Estado podría presentarse si se la restitución de tierras sigue haciéndose solo con lotes baldíos de la Nación y luego toca comprarle terrenos a los victimarios, le advirtió la contralora Sandra Morelli a la Corte Constitucional.

Morelli le pidió al alto tribunal tomar cartas sobre el asunto, puesto que muchos de los actuales poseedores de tierras que se hicieron a ellas de manera ilegítima pretenden ahora venderlas para que el Estado pueda hacer efectiva la reparación.
“Esas tierras no toca volverlas a pagar. Esas tierras no se las tenemos que comprar a nadie. Esas tierras toca es recuperarlas porque cuando estamos hablando de la reparación de las víctimas hay una obligación que le corresponde al victimario”, señaló la contralora Morelli cuestionando algunos aspectos de la denominada ley de Justicia y Paz.
De acuerdo con la funcionaria, gran parte de los recursos que ha destinado el Gobierno Nacional hasta la fecha para poder cumplir con la política de restitución de tierras ha salido de terrenos baldíos que pertenecen al Estado, poniendo en riesgo su estabilidad financiera.
Y es que la cifra es diciente ya que según estudios elaborados por la Universidad de los Andes se habla de entre tres a 10 millones de hectáreas que han sido usurpadas. Incluso el programa de restitución de tierras podría alcanzar la suma de 50 billones de pesos.