El gobierno mexicano admitió este martes que se debe avanzar hacia alternativas a la actual detención obligatoria de decenas de miles de personas que entran ilegalmente al país, una medida que está creciendo y que organizaciones civiles creen que viola los derechos de los migrantes.

"El gobierno de México está obligado a una profunda reflexión", afirmó en un evento público el titular de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría (ministerio) de Gobernación, Omar de la Torre.

"Reconocemos que la legislación migratoria debe ser objeto de un replanteamiento que nos permita una mayor coherencia entre los objetivos de reducción de la migración indocumentada y el de garantizar los derechos fundamentales de los extranjeros", señaló el funcionario de Gobernación (Interior) durante una rueda de prensa convocada por grupos civiles de apoyo a los migrantes.

Actualmente, la política migratoria mexicana establece la detención obligatoria de inmigrantes irregulares, que deben permanecer recluidos en centros migratorios que están distribuidos por el país hasta que se soluciona su caso, bien con una regularización de su situación o con su deportación a su país de origen.

Un total de 88.501 indocumentados fueron detenidos el año pasado, un 32% más con respecto a 2011 (66.583), de acuerdo con cifras del oficial Instituto Nacional de Migración reportadas recientemente por Amnistía Internacional.

Los centros migratorios fomentan "la impunidad y la violencia" hacia los migrantes, que son detenidos de forma "innecesaria y prolongada" sin haber cometido ningún delito penal ni haberse sometido a un proceso judicial, alertó en la conferencia Elba Coria, de la ONG International Detention Coalition (IDC).

Coria, que presentó un estudio del IDC titulado "Dignidad sin excepción: Alternativas a la detención migratoria en México", subrayó la necesidad de que México derogue las detenciones obligatorias a migrantes, estableciendo la presunción de libertad y evaluando individualmente los casos con un impulso a métodos alternativos, como que el migrante pueda estar en libertad bajo la responsabilidad de su consulado o de una persona "de reconocida solvencia económica".

De la Torre, que dijo que la aplicación de esas alternativas "no será sencilla" porque requiere reformas legales, adelantó que propondrá medidas especiales dirigidas a grupos más vulnerables como niños migrantes sin acompañamiento o víctimas de trata de personas.

Según cifras oficiales, más de 140.000 extranjeros indocumentados entran a México cada año para tratar de llegar a Estados Unidos, muchos de los cuales también llegan a sufrir abusos por parte de autoridades y a ser víctimas de secuestros, violaciones y asesinatos a manos del crimen organizado.

AFP.