“Que el Estado colombiano cumpla de inmediato nuestras peticiones o la capital será invadida por la población víctima y en condición de desplazamiento forzado”, así lo advierte un comunicado emitido por un grupo de víctimas provenientes de varias regiones de Colombia y que desde el 1º de mayo permanecen en la Plaza de Bolívar reclamando sus derechos como desplazados y sobrevivientes de minas antipersona.

La primera de las peticiones es un acuerdo de pago de reparación integral por un monto de 150 millones de pesos por núcleo familiar. El dinero en este punto comprendería vivienda, reparación integral e insumos para la creación de proyectos productivos.

Además exigen que la restitución y reubicación de tierras se dé con celeridad y garantías de retorno. En este punto se exige protección integral para las familias que retornan.

Por último, solicitan una caracterización y carnetización de toda la población en discapacidad, víctima y en condición de desplazamiento forzado, compañeros afectados y sobrevivientes de minas antipersona. Las víctimas le exigen al Estado colombiano una pensión de dos salarios mínimos legales vigentes, reducción en el pago de transportes en un 60%, cumplimiento del enfoque diferencial, atención especial en: viviendas especiales, proyectos sostenibles, salud, educación, recreación, empleo, etc.

Los firmantes invitan a por lo menos 1.000 personas a que se unan a la movilización. “En especial a los grupos más vulnerables como madres cabeza de familia, adolescentes, adultos mayores, indígenas, afro (…) y con cualquiera de los 15 casos o tipos de discapacidad y grupos con más vulnerabilidad”.

Las víctimas extendieron un llamado a todos los organismos internacionales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de demandar al Estado colombiano por su reiterado incumplimiento con todos los derechos de la población víctima y en condición de desplazamiento forzado, sobrevivientes de minas antipersona, entre otros.