La próxima semana la Procuraduría General arrancará la práctica de pruebas por la investigación preliminar que abrió por las presuntas irregularidades en el trámite de la reforma a la Justicia, que cobija a dos ministros y a la mayoría de congresistas.

EL NUEVO SIGLOconoció que el Ministerio Público ya constituyó una comisión para adelantar la práctica de pruebas ordenadas, como una visita al Congreso para solicitar las actas de cada una de las sesiones de los ocho debates que recibió esta polémica iniciativa.

Además solicitará a las Secretarías Generales de Senado y Cámara las respectivas certificaciones sobre la calidad aforal de los parlamentarios que participaron en el trámite.

El expediente de la malograda reforma a la Justicia reposa en el archivo legislativo del Senado, pues ésta fue la cámara de origen del proyecto.

El pasado 3 de julio el procurador General Alejandro Ordóñez abrió investigación preliminar contra los ministros Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Esguerra, quienes participaron en el trámite de la iniciativa en calidad de ministros del Interior y de Justicia, respectivamente; secretarios de Senado y Cámara de ese entonces y los congresistas ponentes, quienes presidieron en las dos cámaras y asistieron y debatieron en sesiones el hundimiento de la reforma por pedido del presidente Juan Manuel Santos, quien la objetó alegando que durante la etapa de conciliación fueron incluidos 17 micos en la misma.

En su momento el procurador Alejandro Ordóñez explicó que “se presentaron quejas ante la Procuraduría General de la Nación y, por tal razón, proferimos el auto de indagación preliminar en la averiguación de responsables y de eventuales incumplimientos a los deberes funcionales en la tramitación de dicho proceso, que dio como resultado la aprobación del acto legislativo denominado reforma a la Justicia”.

Más investigaciones

El escándalo por la forma como fue aprobada la reforma a la Justicia dejó malparado al Congreso, pero también al Gobierno nacional, que debió asumir la responsabilidad política por este hecho, tanto que rodó la cabeza del ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, quien no se percató de los cambios que le hicieron en la conciliación frente al texto que previamente habían aprobado las plenarias de Senado y Cámara.

Sin embargo, al final la mayor parte del agua sucia cayó sobre el Congreso, a pesar de que los conciliadores han asegurado que no incluyeron ‘micos’ y que actuaron dentro del marco de la normatividad establecida para el trámite de un acto legislativo.

No obstante, además de las investigaciones disciplinarias y penales por este hecho avanza una iniciativa para convocar un referendo con el fin de consultar al pueblo sobre establecer la revocatoria de los congresistas, como sucede hoy con el mandato de los gobernadores y alcaldes.

Precisamente, esta iniciativa tiene entre sus promotores al senador Camilo Romero, quien espera llevar en los próximos días a la Registraduría Nacional las más de 200 mil firmas que recolectaron en todo el país para la inscripción del comité promotor de este referendo.

Igualmente en la Corte Suprema de Justicia hace trámite una investigación preliminar contra los 12 conciliadores de la reforma a la Justicia, por una denuncia que presentó el abogado Carlos José Castro Fresneda, quien alega que habrían incurrido en los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público y prevaricato por acción.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia remitió este expediente a la magistrada María del Rosario Guerra para que determine si unifica o no las denuncias contra los congresistas.

La denuncia afecta a los representantes Alejandro Chacón, Germán Varón, Carlos Osorio, Gustavo Puentes, Orlando Velandia y Roosvelt Rodríguez; y los senadores Jesús García, Eduardo Enríquez, Juan Restrepo, Juan Corzo, Luis Duque y Martín Morales.

En tanto que el Consejo de Estado aceptó dos demandas de pérdida de investidura contra los 12 parlamentarios que participaron en la conciliación de la reforma a la Justicia.

Una de ellas fue presentada por el ciudadano Saúl Onofre Villar, quien argumentó que “ejercieron presión indebida para incluir en el acto legislativo de la reforma a la Justicia temas y puntos que nunca habían sido objeto de debate dentro de las ocho sesiones del trámite legal y que únicamente los beneficiaban a ellos y al resto de sus compañeros del Congreso”.