Hace más de dos años la ciudad fue testigo de la manera como centenares de familias habían ocupado vastos territorios principalmente en sectores de ‘La Laguna’ y ‘La Ladrillera’ (Localidad de Rafael Uribe Uribe). Aunque los ‘nuevos vivientes’ presentaban a las autoridades toda clase de documentos que daban cuenta de su legalidad, generaba muchas dudas la autenticidad de éstos, pues gran parte de los terrenos estaban ubicados en zonas de alto riesgo en donde ni siquiera era recomendable dotarlos de servicios públicos y en otros, era fácilmente demostrable que los dueños eran otros y que jamás habían vendido o cedido sus predios.

También se sumó a las dudas, la cantidad de denuncias y querellas que estaban llegando a las diferentes dependencias de las alcaldías locales, en donde los nuevos habitantes del sector referenciaban incumplimientos, engaños y hasta amenazas cuando iban a reclamar sus derechos como nuevos poseedores de los lotes. Es allí donde se inicia una investigación liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación.

Las investigaciones de Policía Judicial inician escuchando en entrevista a cada uno de los querellantes a fin de identificar quienes eran los que comercializaban los terrenos, bajo que argumentos y como lograban burlar las acciones de las autoridades locales. Luego de meses de investigación se logró corroborar que se trataba de una organizada estructura delincuencial, con roles, funciones y cargos definidos que tenía como objetivo dar propiedad de lotes con documentación falsa para lograr una de las estafas más grandes en la ciudad que venía ocurriendo desde el 2.006.

Las denuncias interpuestas, trabajos de vecindario, la recolección de pruebas y actividades de inteligencia técnica, dejaron al descubierto a ‘Los Tierreros’, peligrosos hombres y mujeres quienes con un decálogo de artimañas consiguieron adueñarse de grandes sectores principalmente en la periferia de la ciudad.Su ‘modus operandi’ era que en principio trataban de comprar los predios de quienes los cuidaban, sí estos no accedían, recurrían al constreñimiento mediante amenazas como medio para lograr sacarlos de los lugares. Para tener el control territorial, ubicaban familias en condición de vulnerabilidad (discapacitados, personas de la tercera edad, mujeres cabeza de familia, desplazados, etc), en lugares estratégicos que demarcaran la zona, los hacían firmar falsos contratos de arrendamiento y así ‘ganaban tiempo para lotear los terrenos’ y venderlos a incautos como si se tratara de una nueva urbanización en las partes altas de la ciudad.

De esta manera se adueñaron de dos grandes lotes en los lugares anteriormente mencionados, allí delimitaron más de 1.200 lotes y vendían cada uno de estos entre 8 y 16 millones de pesos, a incautos que tenían su sueño de construir su casa propia.

El cabecilla de esta organización era Héctor Hernando García Ruíz alias ‘Sargento’ quien argumentaba ser el dueño de los terrenos, presentando escrituras y toda clase de documentos falsos evadía la acción de las autoridades y tumbaba a sus víctimas; con él delinquían abogados, topógrafos, ingenieros y hasta un falso notario que promulgaban ser una constructora con todos los requisitos de ley.

El cabecilla de la organización y otras 17 personas responden a ante un juez de garantías por los delitos de procesos por Invasión de tierras o edificaciones, Urbanización ilegal, estafa, fraude procesal, hurto, fraude a resolución judicial, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.