Los países de América Latina con mayor número de protestas sociales son los que también presentan mayores desigualdades socioeconómicas y gobiernos con capacidad limitada para manejar disturbios, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dado a conocer ayer.

El informe titulado La protesta social en América Latina revela que las tensiones sociales, institucionales y culturales en América Latina son numerosas, en comparación con otras regiones, y se caracterizan por un alto grado de participación ciudadana.

Según el informe, Bolivia, Perú y Argentina fueron los países con mayor número de protestas sociales (más de 200 cada uno), mientras que aquellos con los niveles más bajos de disturbios fueron Costa Rica, Chile y El Salvador, con un promedio de 58 conflictos cada uno. El informe examinó más de 2.300 protestas sociales en la región mediante el monitoreo de 54 periódicos en 17 países entre octubre de 2009 y septiembre de 2010.

"Las democracias, a diferencia de los regímenes autoritarios, permiten que la protesta sea una herramienta constructiva para las demandas sociales de los ciudadanos", dijo Heraldo Muñoz, subsecretario-general de Naciones Unidas y director del PNUD para América Latina y el Caribe, resaltando que esos conflictos son parte de un proceso político. "Si se gestionan a través del diálogo y la negociación, y sus causas están dirigidas, las protestas presentan grandes oportunidades para las transformaciones profundas y para una sociedad más equitativa y justa en América Latina".

Los conflictos sociales en América Latina también han provocado severas rupturas institucionales y crisis en materia de gobernabilidad democrática, como fue el caso con el golpe de Estado en Honduras en junio de 2009.

El estudio destaca que este tipo de tensión, que alcanza un nivel máximo de radicalización y crisis de gobernanza, no ha sido la norma en la región durante los últimos años. La mayor parte de las protestas sociales incluyen declaraciones, manifestaciones y huelgas, que rara vez llegan al punto de violentos enfrentamientos y el caos. Las demandas de los ciudadanos suelen abarcar desde temas de salud, trabajo y educación hasta los derechos humanos y las cuestiones ecológicas, como el control de los recursos naturales.

El informe también resalta que además de avanzar en la reducción de la pobreza y la desigualdad durante la última década, América Latina también ha ayudado ampliar el acceso a la tecnología a millones de personas en la región que se han vuelto cada vez más educadas e interconectadas a nivel regional e internacional, también por las redes sociales. El acceso a Internet y la telefonía móvil, por ejemplo, están contribuyendo positivamente a las protestas sociales al proporcionar nuevos espacios públicos que fomentan la participación ciudadana. Estas herramientas también han sido cada vez más importantes para los grupos históricamente marginados, incluidos los pueblos indígenas.

Casi el 60 por ciento de las organizaciones y personas que participaron en protestas sociales en América Latina tuvieron una presencia en la Web, con cifras que van del 100 por ciento de presencia en Internet en Costa Rica al 15 por ciento en Bolivia, según el informe. Internet y otras tecnologías de comunicación permiten que los movimientos sociales interactúen y que se difundan sus mensajes a través de videos (como los zapatistas en México) y se recauden fondos, por ejemplo.

El informe examina las protestas sociales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El estudio La protesta social en América Latina fue preparado por el equipo del PNUD de Asesoría Política Estratégica para el Desarrollo (PAPEP).

Conflicto colombiano

En Colombia, señaló el informe de PNUD, “la magnitud de los conflictos culturales se debería sobre todo a los problemas de seguridad ciudadana (que constituyen cerca del 31 por ciento del total de conflictos culturales). Hace más de medio siglo que Colombia es castigada por el crudo fenómeno de la narcoguerrilla y la delincuencia organizada. En la actualidad, está catalogado como uno de los 30 países más violentos del mundo y el que posee la peor situación en América Latina (Colombia ocupa el puesto 139 sobre 153 en el Global Peace Index 2011), junto con algunos países africanos que atraviesan dilatadas guerras civiles. Asimismo, según datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, ocurren 37 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que cuadriplica el índice mundial, que plantea que en promedio ocurren 8 homicidios por cada 100.000. En otras palabras, la población colombiana vive una situación de conflicto endémico y de violencia cotidiana que coloca la seguridad como punto central en la agenda de movilización”.

Conflicto institucional

De acuerdo con el informe de PNUD, “el conflicto institucional es resultado de la inconsistencia entre las demandas de la gente y la capacidad de las políticas y de las instituciones del Estado para satisfacerlas. Este es el segundo campo cuantitativamente más relevante (36 por ciento) e incluye demandas generadas por fallas en la prestación de servicios públicos, temas de gestión administrativa, situaciones o medidas legales, cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridades, incumplimiento de convenios y definición de límites políticos administrativos”.

“Los conflictos institucionales son estructurales y tienen la potencialidad de reestructurar el sistema de reglas de distribución y ejercicio del poder en un sentido amplio. Así, algunos conflictos por temas institucionales trascienden la necesidad más cotidiana y pragmática de la movilización, y aportan a la lógica de cambios necesarios al exponer formas directas de las disfunciones del sistema”, sostuvo el documento.