El pasado domingo, el alcalde de Magangué, Bolívar, denunció públicamente que el Estado le había reducido “intempestivamente” su esquema de seguridad. En una carta narró cómo funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) llegaron a su casa para retirarle uno de los escoltas que lo protegían: “Ante la consternación de mi mujer y mi hijo, separaron del grupo que me custodia a uno de mis escoltas y le ordenaron presentarse temprano al día siguiente en dependencias de la entidad en Montería”.

El documento continúa con los reclamos del mandatario del municipio bolivarense por lo que él considera una vulneración a su seguridad. Además, explica que su situación de peligro ha aumentado por cuanto en el pueblo al parecer ha surgido una nueva bacrim; y hace referencia a los “métodos” que usaron los funcionarios del gobierno anterior y que estos “no pueden desestimarse alegremente a la hora de evaluar el llamado nivel de riesgo del mandatario elegido para que el municipio regresara a la democracia”.

Sin embargo, ayer el director de la UNP, Andrés Villamizar, desestimó esta denuncia a través de un comunicado en el que asegura que “no es cierto que se haya reducido el esquema de protección del señor alcalde de Magangué, Marcelo Torres. Decir eso es faltar a la verdad”. Incluso argumentó que Torres es uno de los mandatarios locales con mayor protección del país, pues “cuenta con un esquema mixto con hombres de la Policía y de la UNP”, además de varios vehículos.

La UNP agregó que “el Alcalde sigue contando con hombres de protección de la UNP y a partir de ahora con un hombre adicional de la Policía”; y que concertará una reunión con Torres “para aclarar cualquier inquietud adicional que tenga frente a sus medidas de protección. Él conoce la clara voluntad que el Director de la Unidad ha demostrado para garantizar su vida y el ejercicio de sus importantes funciones”.

En las pasadas elecciones locales, Torres logró con el Partido Verde ganarle al candidato de la cuestionada empresaria del chance Enilce López ‘La Gata’. Así, logró acabar con el poder político que poseía López desde 2003.

A raíz de la denuncia, las reacciones y peticiones a la UNP no se hicieron esperar. Miembros del partido de Torres, como la senadora electa Claudia López, la representante Angélica Lozano y Guillermo Asprilla reclamaron que las medidas de seguridad del mandatario deben fortalecerse en lugar de debilitarse.

Tanto sus copartidarios, como el mismo alcalde a través de la carta, compararon el caso con el del alcalde de El Roble, Sucre, asesinado en 2003; crimen por el que fue condenado a 40 años de cárcel el exgobernador de ese departamento, Salvador Arana.

Aunque hasta horas de la tarde de ayer Torres anunció que esperaba la respuesta del Gobierno sobre su caso, después de la publicación del comunicado de la UNP no había dado declaraciones.