Aunque la Ley de Garantías no prevé que las rendiciones de cuentas sean interpretadas como un acto político, según explicó hace ocho días la procuradora Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, María Eugenia Carreño, en su condición de presidenta de la Comisión Nacional de Asuntos Electorales, la que adelantó el 14 de agosto el gobernador santandereano Horacio Serpa generó esa polémica.

A raíz de ese acto realizado en Barrancabermeja, fue interpuesta una querella ante la Procuraduría por el senador Mauricio Aguilar, del Partido de Integración Nacional (PIN), hermano de Richard Aguilar, candidato a la Gobernación que se inscribió recogiendo firmas.
Como consecuencia de la acción legal, el procurador Regional José Alejandro Garzón se comunicó con Serpa para sugerirle prudencia. Serpa afirmó que recibía la observación de la Procuraduría “con preocupación y con responsabilidad. Tengo aprecio y cuidado con el proceso electoral”, agregando que “no quiero que nadie piense que una reunión como esta pueda generar trastornos políticos, la rendición de cuentas es el cumplimiento de un deber del Estado”.

Para el senador Aguilar, Serpa “sigue violando la Ley de Garantías Electorales con la complicidad del canal de televisión TRO” (Televisión Regional del Oriente), que programó anoche una entrevista sobre el tema del Plan Departamental de Aguas, lo que el congresista calificó como “una abierta violación a la directiva unificada 003 de 2011” de la Procuraduría.

“Es una situación inaudita que rompe el esquema de imparcialidad política que los funcionarios del Gobierno deben respetar durante la campaña por las elecciones regionales, como lo precisa la Ley de Garantías Electorales”, alegó el legislador del PIN.

El gobernador Serpa ha insistido en que dará todas las garantías para el debate electoral que concluye el 30 de octubre con la jornada de votación.
Por cierto, el también ex ministro admitió que al término de su mandato se radicará en Bogotá, pero que no se retirará de la política.