Desacuerdo frente a efectividad de controles a actividad minera | El Nuevo Siglo
Viernes, 15 de Junio de 2012

La minería es una de las locomotoras económicas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el sector con mayor inversión extranjera en la actualidad.

Sobre el impacto de esta actividad, el ministro de Ambiente, Frank Pearl, explicó que “toda acción de extracción de minerales tiene un impacto ambiental. Lo que se debe es hacerla de manera responsable, como lo hacen muchas de las empresas que ya están en el país”.

El alto funcionario añadió que las autoridades harán cumplir la normatividad existente para que las compañías mineras desarrollen su actividad dentro del respeto por el medioambiente. “Hay otras compañías que están muy mal acostumbradas, por eso hemos venido tomando decisiones como no autorizar ampliaciones ni modificaciones de licencias ambientales, cuando las empresas tienen asuntos pendientes y estamos mirando el esquema de multas, que realmente debe dar una compensación por el daño causado”, dijo.

Sin embargo, esto no parece entenderlo un sector de la población. Según el senador Marco Avirama, de la Alianza Social Independiente (ASI), “los pueblos indígenas hemos manifestado nuestra honda preocupación por el hecho de que el sector minero se ha definido como uno de los grandes motores de la economía colombiana, el cual se caracteriza por su relación directa con daños causados al ambiente”.

Avirama añadió que “hemos llamado la atención del Gobierno y la nación para que la Madre Tierra no se convierta en víctima de un modelo extractivista y depredador, máxime cuando está comprobada la inexistencia de controles y mecanismos claros y estrictos que protejan el medio ambiente en los procesos de explotación minera, a fin de que no termine con los recursos naturales no renovables del país”.

Añadió que hay 8.500 títulos mineros, la solicitud de otros 19.000 y la existencia de 3.600 operaciones denominadas ilegales.

“Nos desvela que los intereses de las grandes empresas nacionales y trasnacionales se coloquen por encima del deber de solidaridad y corresponsabilidad para preservar las condiciones de existencia de la vida humana en armonía con la naturaleza”, concluyó Avirama.