Algo inédito en tiempos de paz, una cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio debido a la crisis sanitaria supondría un sismo para el mundo del deporte, de consecuencias económicas difíciles de predecir.

 ¿Quién tomaría la decisión?

Formalmente, el contrato de la ciudad anfitriona firmado por los organizadores japoneses reserva esta responsabilidad al Comité Olímpico Internacional (COI), en caso de "guerra", "desorden civil", o si considera la seguridad de los participantes "seriamente amenazada" por "cualquier motivo".

Pero el COI no tiene intención de cancelar el evento porque está convencido poder organizar unos Juegos "seguros", toda vez que sobre él recaen las esperanzas de los 11.000 deportistas clasificados.

Por otro lado, los llamamientos a tirar la toalla se multiplican en Japón, donde la población se muestra hostil a los Juegos, con un ritmo de vacunación muy lento y con elecciones nacionales y locales en el horizonte cercano.

"El COI por un lado desea mantener la imagen de que la decisión es suya, pero no impondrá los Juegos a las autoridades japonesas", analiza para la AFP Jean-Loup Chappelet, profesor emérito de la Universidad de Lausana y especialista en el olimpismo.

Completamente "política", la decisión depende pues a la vez del Estado japonés y de la ciudad de Tokio, aunque a todas las partes les conviene "un anuncio conjunto con el COI, al igual que ocurrió en el aplazamiento decidido en marzo de 2020", añade el profesor.

¿Qué consecuencias para Japón?

Una gran parte del presupuesto del evento ya ha sido destinado: de nuevo evaluados a finales de 2020 en 15.400 millones de dólares (13.000 millones de euros), más de la mitad de estos gastos corresponden a inversiones públicas en los recintos permanentes, concebidos para rediseñar de cara al futuro la imagen de Tokio.

La cancelación reduciría al mínimo los gastos de funcionamiento ligados a los propios Juegos -restauración, transportes, energía, puesta a punto de la villa olímpica-, pero cercenaría también los ingresos.

Japón ya había asimilado la pérdida de los 800 millones de dólares (673 millones de euros) esperados por venta de entradas en caso de disputarse a puerta cerrada. Pero también tendría que negociar con los patrocinadores (3.300 millones de dólares, 2.700 millones de euros), y probablemente renunciar a la contribución del COI (1.300 millones de dólares, 1.100 millones de euros).

 ¿Cuánto costaría la cancelación?-

El COI nunca llegó a comunicar la cuantía de los ingresos esperados con motivo de los Juegos de Tokio, ya que sólo publica sus ingresos al término de un ciclo de cuatro años: los de la Olimpiada 2013-2016, que incluyó los Juegos Olímpicos-2014 de Sochi y los Juegos Olímpicos-2016 de Rio, alcanzaron los 5.700 millones de dólares (4.800 millones de euros).

Tres cuartas partes proceden de derechos de difusión, estimados por los especialistas en al menos 1.500 millones de dólares (1.230 millones de euros) para Tokio, y que habría que devolver. El resto procede del programa de patrocinio internacional TOP e implicaría negociaciones con cada patrocinador.

Pero la desaparición de este maná no pondría en peligro al COI, que dispone de reservar superiores a los mil millones de dólares. Pero lastraría a todo el movimiento deportivo, ya que a la vez financia a los comités olímpicos nacionales y a las federaciones internacionales, ya de por sí fragilizados por la pandemia.

 ¿Qué cubrirían las aseguradoras?

Es la principal incógnita: desde los Juegos de Turín-2006 el COI tiene una poliza contra el riesgo de anulación, "pero no se sabe si esa poliza se mantiene en el montante original, de cerca de 900 millones de dólares (737 millones de euros), o si ha sido rebajada" a medida que las reservas de la instancia crecían, explica a la AFP Patrick Vajda, uno de los pioneros en los seguros de eventos deportivos, y presidente de XAW Sports.

En todo caso, la indemnización sólo cubriría una parte de sus pérdidas, y nada indica que los organizadores japoneses recuperarían algo de lo gastado: no han confirmado nunca contar con un seguro de anulación.

Por último, según Patrick Vajda, algunos difusores como la estadounidense NBC están asegurados, y algunas federaciones internacionales "han podido adherirse a la poliza de anulación del COI".