Autoridades de la ciudad de Miami pidieron este martes al gobierno de Barack Obama que detenga las deportaciones de venezolanos indocumentados en Estados Unidos que podrían verse afectados por la actual violencia, las protestas y la delincuencia si vuelven al país sudamericano.

La Junta de Comisionados del condado de Miami-Dade aprobó una resolución en la que se "urge al presidente Barack Obama a suspender deportaciones de venezolanos indocumentados sin antecedentes criminales", según el texto al cual tuvo acceso la AFP.

Asimismo, la resolución instó al Departamento de Seguridad Interna a que "designe inmediatamente" a los inmigrantes venezolanos como candidatos a beneficiarse de un estatuto migratorio temporal conocido como TPS, que ya es otorgado a ciudadanos de varios países centroamericanos, Haití, Somalia, Sudán o Siria.

"El tema de (las violaciones de) los derechos humanos de los venezolanos por parte del gobierno venezolano se ha salido de control", dijo el autor de la resolución, el comisionado José Díaz, durante la discusión del texto.

"En este momento, no pueden volver a su país", dijo Díaz, quien aseveró que la medida no beneficiará a quien tenga antecedentes sino a "la persona que solo trata de sobrevivir, que no quiere que secuestren a su familia o que le confisquen su negocio".

"Tengo parte de mi familia en Venezuela y es una preocupación constante lo que está ocurriendo allá", secundó la presidenta de la Junta de Comisionados, Rebeca Sosa, antes de declarar aprobada la resolución.

Los inmigrantes venezolanos, que se calculan en unos 100.000 en el estado de Florida (sureste), "han contribuido en gran medida al avance del condado de Miami-Dade y de Estados Unidos en su conjunto", indicó el texto.

Desde hace tres meses Venezuela es escenario de protestas, que suelen derivar en violencia, contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, con reclamos contra la inseguridad, la alta inflación y el desabastecimiento de alimentos.

Aunque las manifestaciones callejeras han bajado en intensidad, han dejado 41 fallecidos, más de 700 heridos y numerosas denuncias de violaciones de los derechos humanos.

Mientras una reforma migratoria sigue estancada en el Congreso, en Estados Unidos viven más de 11 millones de indocumentados y el gobierno de Barack Obama ha deportado a cerca de 400.000 sin papeles al año, la mayoría de ellos, según Washington, con antecedentes penales.