Por fin la Administración del Distrito y la oposición en el Concejo coinciden en un tema: la construcción del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, que se debió entregar hace cuatro años, ha tenido irregularidades en la contratación desde que se confeccionaron los pliegos para la licitación por 44.000 millones de pesos.

Mientras el secretario de Gobierno, Hugo Ernesto Zárrate solicitó a la Fiscalía celeridad en el proceso de investigación por la nueva sede, la concejala liberal María Victoria Vargas denunció que todo el alrededor del Fondo de Vigilancia de Seguridad de Bogotá, entidad que contrató las obras, huele muy mal porque nadie responde por los atrasos, sobrecostos y fallas en dicho contrato. “Se aprecian indicios sobre un aparente modus operandi similar al detectado para el llamado carrusel de la contratación dado en otras entidades del Distrito”, dijo.

Vargas señaló el favorecimiento a particulares que en estos momentos no han podido cumplir con la ejecución y terminación. “Preocupante esta situación que desde los pliegos de licitación para el contrato de interventoría se allanó el terreno para favorecer más los intereses particulares que los generales del Distrito. Entonces a quién benefició el acomodo de estos pliegos y por qué tantos cambios en la etapa precontractual y contractual de la construcción”, sostuvo.

Entrega

Aunque Zárrate confirmó que la obra será entregada en junio de 2015, Vargas señaló que esta Administración ya no alcanza a terminarla por los atrasos que se han dado desde el 2008.

Para el director del Fondo de Vigilancia de Seguridad de Bogotá, Máximo Noriega, el proyecto se ha desarrollado en un 80 por ciento de la obra y reconoció que se han evidenciado diferentes fallas a nivel estructural en las placas de entrepiso y en los voladizos en el piso No. 6 del edificio. “Es necesario recalcar que la cimentación, sus columnas, sus vigas y sus puntos fijos como las escaleras y fosos de ascensores no presentan observaciones a nivel estructural”, explicó.

Aclaró que las posibles causales pudieron ser originadas por fallas en la elaboración de los cálculos estructurales o por deficiencias en los métodos constructivos pero no por los materiales empleados (materiales certificados por los proveedores), sino por los métodos utilizados para la construcción.

Zárrate aseguró que el Gobierno recibió este contrato que venía desde la anterior Administración en 2010 por 44.000 millones de pesos para la construcción de la obra, pero pocos meses después fueron informados de las deficiencias que había en los estudios, diseños, así como en las obras donde se hallaron fisuras en placas de los entrepisos y cambio en las vigas estructurales de la construcción.

Después de la firma del contrato y dadas las diferentes irregularidades presentadas, la Secretaría de Gobierno puso en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades mediante una denuncia penal, de la cual a la fecha no se conocen los resultados.

Según Zárrate, “para que se puedan culminar las obras se requieren inversiones por más de 28.000 millones de pesos, dada la tramitología jurídica y los engorrosos procesos de contratación y de resultados que tiene la legislación”.

Aclaró que con respecto a este proceso se buscó un acuerdo en enero pasado con la Constructora Castell Camel para hacer un arreglo directo y se reanudó la terminación de la obra a partir del mes de junio del presente año.