La Ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa, y el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, anunciaron que enviarán a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, los resultados del estudio realizado a títulos del predio llamado ‘Resguardo Indígena de Tubará’, en el departamento del Atlántico.

El informe, elaborado por la Superintendencia de Notariado y Registro, la Procuraduría y la Dirección General Marítima (Dimar), encontró que desde 1991 se vienen adjudicando predios a particulares en zonas rurales de playa marítima, desconociendo la propiedad de la Nación sobre bienes de uso público.

“Este estudio ha encontrado presuntos trámites irregulares que serán puestos a disposición de las autoridades para que se investigue la totalidad de los 714 títulos que están en el predio llamado Resguardo Indígena de Tubará, para determinar si existen responsabilidades de tipo penal, disciplinario y fiscal. El Gobierno trabaja por fortalecer todas las estrategias para recuperar los terrenos que le han sido usurpados a la Nación”, expresó la Ministra de Justicia, durante la socialización de la rendición de cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho.

El Superintendente de Notariado y Registro explicó, por su parte, que el estudio se realizó sobre 300 títulos en los que se encontraron 7 tipos de irregularidades como incongruencias entre el área determinada en la escritura y el área protocolizada en la escritura, según el certificado de catastro, falsedad de documento y presuntas responsabilidades de funcionarios a cargo de realizar los trámites.

“En uno de los títulos encontramos un predio que pasó de tener cero metros registrados a 700 hectáreas frente a la playa. Encontramos abismales diferencias entre el área determinada en la escritura y el área protocolizada en la escritura, según el certificado catastral”, explicó.

El Superintendente también manifestó que se encontraron 37 propiedades en zonas de uso público, 45 propiedades que presentan irregularidades en los requisitos de Ley de las escrituras, y cuatro casos donde las escrituras serían falsas.

“La Superintendencia de Notariado pondrá a disposición de la Procuraduría la documentación para determinar si se omitieron las obligaciones de Ley referidas a los círculos notariales competentes para conocer de los casos y la obligatoriedad del reparto de minutas”, indicó, y agregó que se investigará la presunta responsabilidad de siete Notarías.

El estudio concluye además que es necesario convocar a una mesa de trabajo interinstitucional con la Procuraduría Ambiental y Agraria, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la DIMAR, con el fin de definir las políticas a seguir en todos los casos y, en especial, en la recuperación de los bienes de uso público.