Su preocupación mostró la Procuraduría General por el lento avance del proceso de restitución de tierras, que se viene adelantando como parte del cumplimiento de la Ley de Víctimas a las personas que fueron despojadas de sus bienes en el marco del conflicto armado.

Cifras reveladas en marzo pasado por la Unidad de Restitución de Tierras, que es la entidad encargada de adelantar este proceso a nivel nacional, indican que con corte a 31 de marzo de 2015, un total de 2.232 solicitudes ya cuentan con sentencia de los jueces de restitución de tierras, que corresponden a 1.866 predios, 3.127 núcleos familiares beneficiados y 94.299 hectáreas restituidas.

Cifras que a pesar del esfuerzo del Gobierno nacional en este campo resultan distantes de los 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas que se consignaron en el Plan de Desarrollo 2010-2014.

En este sentido, el Ministerio Público propuso que de forma “urgente” sea actualizado el catastro rural para identificar más fácilmente los predios y de esta forma acelerar la restitución de tierras.

La Procuraduría indica en un comunicado que es “urgente priorizar la actualización del sistema catastral y registral” pues de ello depende “no sólo que la formalización de la propiedad” sino que la fase administrativa del proceso “supere las serias dificultades relacionadas con la identificación e individualización de los predios solicitados”.

El Ministerio Público puso de relieve que el catastro rural “presenta un atraso significativo” y que las autoridades no cuentan con una “cifra oficial” de hectáreas abandonadas y despojadas.

De igual forma, la Procuraduría señaló que “de las 81 mil 48 solicitudes presentadas solo hay 31 mil 176 reclamaciones, lo que indica que solo el 38,5 % de las solicitudes corresponde a predios que se encuentran en las zonas microfocalizadas”.

En este sentido solicitó que esta tarea se haga en territorios que se pueden restituir.

Frente a esta solicitud de la Procuraduría se manifestó el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, quien le dijo a EL NUEVO SIGLO que han sido los primeros en señalar que uno de los retrasos en el proceso de restitución es por “la desactualización catastral por la no existencia del catastro. El que no exista un catastro actualizado sí dificulta, como dice la Procuraduría, el proceso restitutivo, lo demora, como de hecho nos está ocurriendo”.

El funcionario añadió que en los territorios focalizados en que están adelantando la restitución, “ahí nos toca hacer el catastro, nos toca llevarlos a registro y obviamente una tarea que no es la de restitución, terminamos haciéndola nosotros”.

Empero Sabogal dijo que el proceso de restitución no ha avanzado más rápidamente no solo por las deficiencias en el catastro rural sino, entre otras, también por las dificultades que tiene adelantar este proceso en medio del conflicto armado.

“Colombia es el único país del mundo que implementa una política de esta naturaleza en medio del conflicto” porque normalmente otros lo han hecho después”, dijo.