Las demandas contra el Estado superan los $23 billones al corte de mayo de este año. El viceministro de Política Criminal de Justicia Restaurativa, Carlos Medina, explicó que según las cifras del Ministerio de Justicia, actualmente existen querellas contra la Nación cuyas pretensiones de reparación económica superan el monto descrito.

Medina explicó que debido a este tipo de situaciones se presentará un proyecto de ley con el fin de agilizar el sistema penal acusatorio y de esta forma reformar la administración de justicia. De ser aprobada la ley más de 9 mil personas, que están en calidad de sindicados, podrían quedar en libertad.

“Esa ley no implica una excarcelación masiva, esa ley implica un trámite de solicitud que tiene que ser analizada por las autoridades caso por caso (…) Es una de las leyes más justas que ha logrado expedir la sociedad colombiana”, precisó el Viceministro al manifestar las ventajas del proyecto que será presentado el 20 de julio.

Los beneficiados con este proyecto de ley son personas que están siendo juzgadas por delitos menores y sin antecedentes judiciales. “Se aborda una reforma de fondo de tal forma en que se recuperan muchos elementos de la política criminal que han sido dejados atrás por el populismo punitivo”.

“Se puede pensar en un tratamiento diferencial frente a sus condiciones de vulnerabilidad”, precisó. El objetivo es que la medida privativa de la libertad sea emitida solamente en casos necesarios como lo exige la ley.

Más demandas

Solo en los primeros cinco meses del año, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y las entidades públicas han sido notificadas de la admisión de 30.277 demandas contra el Estado, con pretensiones que ascienden a $6,4 billones.

Cabe advertir que el 8% de los procesos tiene un retraso mayor a seis meses en la notificación a la agencia, contado desde la fecha en que se profiere el auto admisorio de la demanda. Lo preocupante, asegura la entidad, es que ese retraso corre en contra del Estado, pues le genera intereses moratorios.

Solo en mayo, la agencia fue notificada de 7.143 demandas, por un total de $825.000 millones. Entre las causas más costosas siguen figurando las demandas por la privación injusta de libertad, las cuales sumaron más de $88.000 millones.

También se destacan los procesos ejecutivos por el no pago de sentencias o conciliaciones, tema que ha sido estudiado por la agencia, con el fin de formular líneas de acción que les sirvan de guía a las entidades públicas para que, al perder una demanda, no terminen desembolsando grandes cantidades de dinero por concepto de intereses moratorios.

Pensiones

De acuerdo con la entidad, las causas por las que más se ha demandado al Estado en lo corrido del 2014 tienen que ver, en su mayoría, con asuntos pensionales.

Ayer, el Viceministro indicó que “hemos planteado y defendido una premisa clara en materia de política criminal, pero requerimos esfuerzos amplios e integrales que permitan superar las fallas estructurales que repercuten en fenómenos ampliamente conocidos, como el hacinamiento, la congestión judicial, la impunidad o la reproducción de la criminalidad”.

Política criminal

Medina Ramírez añadió que la política criminal sobre la cual se ha venido trabajando, está siendo entendida como una política integral que presenta un conjunto amplio y complejo de medidas y acciones desarrolladas desde el Estado con coordinación intersectorial e intergubernamental, y anotó que su objetivo principal es el de reducir el delito y la violencia en general a través de medidas en las áreas de prevención, investigación, judicialización y ejecución de la pena.

“Buscamos no solo el fortalecimiento del sistema penal sino también del penitenciario. Estamos seguros que esto contribuirá al robustecimiento de la acción del Estado en contra de diversos fenómenos violentos y criminales”, manifestó. Y en cuanto a crimen organizado dijo que “hemos insistido en la necesidad de contar con metodologías analíticas que sirvan para desarticular redes criminales y que no solo se fijen en los cabecillas sino en sus sujetos o soportes más importantes”.

El Viceministro hizo énfasis en la importancia del trabajo mancomunado de las entidades que conforman el Consejo Superior de Política Criminal: Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la Nación, Presidencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones estatales como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Medina Ramírez concluyó su intervención reconociendo el valor académico e institucional de la jornada, considerando que esta se enfoca en un tema que plantea grandes dificultades: la investigación y juzgamiento de la criminalidad organizada en el escenario del posconflicto.