La Defensoríadel Pueblo anunció que instaurará demandas penales en todo el país contra aquellas Entidades Promotoras de Salud (EPS) y funcionarios que trabajen en las mismas y que no presten de manera adecuada y oportuna el servicio de salud a sus afiliados, según explicó el defensor Jorge Armando Otálora.

El anuncio del Defensor fue hecho luego de que se conociera el caso de José Ángel Chiquiza, un afiliado a la EPS Comfacundi, que falleció el martes mientras esperaba la autorización para que se le realizara una sesión de diálisis. Luego de este caso, Otálora aseguró que denunciaría penalmente al Jefe de Aseguramiento de la Secretaría de Sañud de Bogotá.

Jorge Armando Otálora explico que la Defensoría del Pueblo ya había adelantado inspecciones judiciales con un tiempo considerable de anterioridad al infortunado deceso del paciente bogotano. “Esto se dispuso el 5 de octubre y el sufrimiento y el vejamen a que fue sometido el ciudadano Chiquiza fue el 16 de octubre”.

Y agregó, “el 5 de octubre se levantó un acta y fuimos atendidos por los funcionarios de la Secretaría, y garantizaron que ese directorio ya reposaba en las demás EPS, y que son más o menos 1.500 usuarios de alto costo que ya están asignados y a quienes se les garantizará la continuidad de los tratamientos, se dijo por parte de esos funcionarios”, dijo el Defensor, quien explicó que el delito por el que denuncio al funcionario distrital es el de homicidio culposo.

Sin embargo, aclaró que serán las entidades encargas de realizar las investigaciones las que adecuen el comportamiento en el que habrían incurrido los implicados.