La ponencia de fallo, que radicará el Presidente del alto tribunal, puede pedir sanción al jefe del Ministerio Público o el archivo del caso.
Por Luis Augusto Aponte Tinoco
Periodista de EL NUEVO SIGLO
DOS AÑOS después de que la Corte Suprema de Justicia iniciara una investigación contra el procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado, presuntamente por haber cambiado, cuando asumió el cargo, el sentido de la investigación que su predecesor había hecho contra implicados en el proceso de la yidispolítica, la Sala Plena volverá a estudiar el caso.
Hoy su presidente Camilo Tarquino radicará el proyecto de fallo, que decidirá si sancionan al jefe del Ministerio Público o por el contrario archivan el proceso.
Según la investigación, cuando Ordóñez asumió el cargo existía en el Ministerio Público un estudio adelantado por su antecesor Edgardo Maya acerca de la responsabilidad disciplinaria de varios funcionarios del anterior Gobierno.
La querella que presentó en el 2009 el representante a la Cámara del Polo Democrático, Germán Navas Talero, contra el jefe del órgano de control, expone que el estudio de Maya Villazón asumía una posición diametralmente opuesta a la que finalmente expresó Ordóñez.
Específicamente, el magistrado Tarquino analizó la decisión disciplinaria absolutoria que profirió el Ministerio Público a favor del ex ministro de Protección Social Diego Palacio y el ex ministro del Interior y Justicia y ex embajador en Italia Sabas Pretelt de la Vega, quienes presuntamente le ofrecieron dádivas a la ex representante Yidis Medina para que cambiara su voto y respaldara la primera reelección en el Congreso del presidente Álvaro Uribe.
Medina Padilla, quien ya fue condenada por la Corte Suprema, siempre sostuvo que los ex ministros Palacio y Pretelt eran los encargados de ofrecerles Notarías y otras prebendas a varios congresistas para que a mediados del 2004 aprobaran el acto legislativo que permitió un segundo período presidencial.
De hecho, la sentencia que profirió la Corte contra la causante de la yidispolítica incluyó el nombre del ministro Diego Palacio Betancur y compulsó copias a la Fiscalía para que lo investigara.
En el 2009 la indagación contra el jefe del Ministerio Público fue asumida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en cabeza en ese entonces de Augusto Ibáñez Guzmán. Sin embargo, los nueve magistrados integrantes de la Sala de Casación Penal, incluido Ibáñez Guzmán, se declararon impedidos para hacer parte de la indagación preliminar, por haber tenido a su cargo el proceso de la yidispolítica en contra de ex congresistas.
EL NUEVO SIGLO consultó con el ex presidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla Paucar, quien asumió la respectiva investigación, para saber cómo fue el trámite del proceso en el 2009 y el 2010.
“Yo arranqué el proceso cuando era Vicepresidente en el año 2009, porque el doctor Ibáñez, que era el Presidente, se declaró impedido porque él había conocido el caso de la yidispolítica; entonces como Vicepresidente asumí la ponencia, y el año pasado como Presidente me tocó instruir el proceso, practicar toda la prueba, llamé al Procurador a rendir declaración, llamé los testigos, recopilé toda la prueba documental y, en el término legal, radiqué en la Secretaría de la corporación la ponencia (…) La alcancé a llevar a Sala (Plena) varias veces, pero no hubo quórum, porque toda la Sala Penal estaba impedida, otra magistrada de la Sala Civil también, y además, porque algunos magistrados habían terminado su período y no habían sido reemplazados. Entonces, la Sala Plena decidió que hasta que no se reintegrara la Corte, no se votaría mi ponencia. Y resulta que cuando se me terminó mi período como Presidente, en diciembre del 2010, el proceso le correspondió al nuevo Presidente, quien llevará a la Sala del jueves (hoy) la ponencia, y no sé si va llevar la mía, si la cambiará, si llevará otra propuesta”, explicó el ex magistrado.