Hay ocasiones en que los habitantes de la Capital del país, cuando hay congestión en las vías públicas, principalmente en el centro, sienten que se asfixian. Eso no es gratis.
Además de que el espacio público tiene indebido aprovechamiento económico, cerramientos ilegales, basuras, escombros, endurecimiento de zonas verdes, estacionamiento de vehículos, pasacalles, pendones, avisos, vallas publicitarias y ventas informales, entre muchísimas otras falencias, hay un gran faltante de metros cuadrados para que cada uno de los ocho millones de habitantes pueda respirar.
Los datos son elocuentes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada habitante tiene derecho a 15 metros cuadrados de espacio público, pero un bogotano no cuenta ni con la tercera parte.
Frente a estas cifras, las únicas ciudades que superan a Bogotá por la falta de espacio público son Río de Janeiro y Ciudad de México, que cuentan ambas con 3,5 metros cuadrados, mientras la Capital colombiana llega a 4.35 metros cuadrados por habitante.
Ello a pesar de que la presión ha disminuido, pues mientras el espacio público peatonal por habitante entre 2000 y 2002 fue de 2,93 metros cuadrados, entre 2002 y 2003 hubo un incremento sustancial de este indicador, a 4.83 metros cuadrados, por la adecuación y construcción de andenes ligados a las primeras fases de Transmilenio, al incremento de zonas verdes como resultado del auge inmobiliario y a la recuperación de espacio público en toda la ciudad. Estas cifras no han cambiado en los últimos años.
Sobre la invasión del espacio público por vendedores ambulantes, los expertos opinan que el problema es de orden nacional, ya que la mayoría de las personas que se dedican a esta actividad son colombianos desplazados por la violencia que buscan futuro en las grandes ciudades.
Pero un estudio de la Personería de Bogotá sobre el Sistema de Espacio Público Peatonal en la ciudad demuestra cómo y por qué el ciudadano cuenta con menos de la mitad de metros cuadrados (4,35) que le corresponden, según la OMS, no obstante importantes avances como la ampliación de andenes, la construcción de nuevos parques y la adecuación de plazoletas, entre otros.
Impunidad
Según información estadística proveniente de las Personerías y Alcaldías Locales, correspondiente a la gestión realizada sobre los usos, abusos y contradicciones encontrados en el espacio público, la cifra de querellas por la violación de este derecho ciudadano es igual de alta al número de veces en que se archivan.
De hecho, la relación entre querellas activas y archivadas por Localidad en el periodo correspondiente a 1982-2011, muestra que en las localidades de Usaquén, Kennedy, Engativá y Puente Aranda se reporta la mayor proporción de querellas archivadas por denuncias activas, cuyas causas van desde aprovechamiento económico indebido, cerramientos, basuras y escombros, pasando por endurecimiento de zonas verdes y estacionamiento de vehículos, hasta pasacalles, pendones y avisos, vallas publicitarias y ventas informales, entre otras.
Dentro de los hallazgos que arrojó la supervisión, están aquellos espacios que ya habían sido recuperados y fueron invadidos nuevamente. En La Candelaria, una de las más críticas por esta causa, se encontró que la Alcaldía Local presentó oportunamente los datos que demuestran las acciones tomadas a las infracciones del espacio público.
Por otro lado, aunque la Secretaría de Desarrollo Económico (SED), a través del Instituto para la Economía Social (IPES), tiene claro que dentro del “Espacio Público para la Inclusión” se deben tener previstas medidas alternativas que protejan los derechos de las personas que desarrollan actividades informales que les permitan subsistir, también lo es que al analizar los resultados de sus políticas, planes y programas, su cumplimiento es deficiente contra las necesidades de esta población.
Del mismo modo, se evidenció la presencia de las ventas de alimentos en vía pública, o lo que es igual, la venta callejera de alimentos como comidas preparadas o alimentos sin cocinar, como productos cárnicos, donde se rompe toda cadena de higiene y protección, que pone en alto riesgo la salud y la vida de las personas.
A esta situación se suma que la cocción de los alimentos en el espacio público es en cocinas, cocinetas o estufas a gas, con carbón, leña o con líquidos inflamables como gasolina o querosene, simultáneamente con la venta y consumo de tales productos.
Kioscos
Según el IPES, durante 2010 fueron relocalizados y asignados jurídicamente puntos de venta a 2.263 vendedores de 2.188 reprogramados, alcanzando 103% de lo previsto; sin embargo, frente al total de la población ocupada en el sector informal, corresponde solamente a 0,12% de cobertura, y frente a la población de vendedores ambulantes registrados por este Instituto corresponde a 5,36% del total.
A esto se añade que de los 304 kioscos (que necesitan mejorarse en su diseño técnico para mitigar fenómenos climáticos como la lluvia y el sol) y los puntos de encuentro que constituyen los 674 puestos comerciales que ofrece el IPES, 81,16% de éstos son realmente utilizados por los vendedores informales.
Aunque se observa que la gestión del IPES está lejos de cubrir las necesidades de la ciudad en materia de alternativas para solucionar la ocupación del espacio público por parte de la economía informal, es importante aclarar que día a día llegan cinco familias de desplazados que en menos de un mes engrosan la lista de vendedores que ocupan en el espacio público.