Durante los 17 días del paro campesino y minero, la Defensoría del Pueblo participó en  218 mesas de trabajo, de concertación y diálogo en los que cumplió labores de mediación y  garante de los acuerdos a los que finalmente llegaron voceros de los manifestantes con representantes del Gobierno nacional y de las administraciones seccionales de 13   departamentos.

La cifra la dio a conocer el defensor Jorge Armando Otálora ante los miembros de la Comisión Primera del Senado durante un debate sobre las consecuencias del paro agrario en Boyacá.

Las mesas, en su totalidad, fueron convocadas por la Defensoría del Pueblo y en ellas participaron 164 servidores de la entidad, entre delegados, analistas del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), defensores regionales, comunitarios y de la Defensoría Pública.

El mismo defensor Otálora estuvo presente en varias de estas mesas, entre ellas las protestas campesinas en Boyacá. En sus intervenciones hizo cinco pronunciamientos en los que pidió a las autoridades respeto por el derecho a la protesta pacífica, y a la vez instó a los manifestantes a no recurrir a las vías de hechos para reivindicar sus exigencias. Incluso, se trasladó hasta Tunja donde actuó como medidor y garante de los acuerdos alcanzados entre campesinos con el Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y municipales.

La gestión de la Defensoría permitió la entrega de 55 miembros de la Fuerza Pública retenidos por los manifestantes. Estos actos ocurrieron en Mata, Cauca, Nariño, Huila, Boyacá y Caquetá. Por estos fueron capturadas 825 personas, entre ellos 101 menores.

En todos estos casos la Defensoría estuvo presente solicitando garantías al debido proceso de los detenidos y garantizó su derecho a la defensa.