La reubicación de 120 indígenas de la etnia Embera Chamí víctimas del conflicto, que están asentados en una zona de riesgo en Quimbaya, Quindío, así como la atención urgente para solucionar sus problemas de alimentación, salud, vivienda y retorno a sus lugares de origen, fueron los logros de la Defensoría del Pueblo a través de un fallo del Tribunal Administrativo de ese departamento.

Debido a las quejas allegadas a la sede de la Defensoría Regional Quindío, una comisión visitó el barrio Buenavista de Quimbaya, un sector de invasión y considerado zona de alto riesgo por deslizamiento, en donde las 19 familias habitan cambuches de guadua con piso de tierra y sin puertas, en donde además corren peligro de adquirir enfermedades infectocontagiosas y respiratorias.

De hecho, algunos de los indígenas, entre los que hay 15 menores de edad, han tenido dificultades para acceder a un servicio de salud debido a que no hablan español y si les entregan una fórmula, no pueden reclamar los medicamentos por la misma razón.

A esto se suma que debido a sus problemas de pobreza solo logren alimentarse una vez al día, lo cual les ha causado problemas asociados a la desnutrición.

Ante este alarmante panorama y la falta de soluciones por parte de la administración, la Defensoría Regional Quindío instauró una tutela con la que el Tribunal decidió que las familias sean llevadas a un sitio que no represente riesgo para su salud e integridad personal.

El fallo dispone la reubicación en Pueblo Rico, Risaralda, siempre y cuando los indígenas quieran retornar, o de lo contrario adquirir un predio rural en el término de seis meses para que tengan su propio territorio en cualquier parte del país.

La decisión del Tribunal Administrativo del Quindío delega a la Registraduría para que realice una jornada de identificación de los niños; al ICBF para que instale un hogar comunitario en beneficio de la población indígena; a las Secretarías de Salud departamental y municipal para eliminar las barreras de acceso relacionadas con el idioma y tener un traductor de su lengua nativa, así como a la Secretaría de Educación Departamental para nombrar un docente etnoeducador.

Por último, requiere a la Unidad Nacional para la Reparación Integral a las Víctimas, para que garantice la atención humanitaria de los miembros de la comunidad protegida.

La Defensoría Regional Quindío seguirá vigilando el cumplimiento de estos mandatos, para que la comunidad indígena esté en mejores condiciones.