Un llamado enérgico a las autoridades competentes y a los ciudadanos para que adopten comportamientos consecuentes con los graves pronósticos de sequía y afectación de las fuentes hídricas, formuló la Defensoría del Pueblo al expresar su preocupación por hechos como el estado de vulnerabilidad que según el último Estudio Nacional de Agua (ENA) afrontan 117 municipios del país, la permanente escasez de agua potable en ciudades como Santa Marta y Yopal, además de situaciones coyunturales como el grave incendio forestal en Isla Salamanca y la ruptura de un acueducto en el Valle del Cauca.

Considera la Defensoría que el diagnóstico realizado por el Ideam respecto a la inminencia del fenómeno de El Niño, con un 70 por ciento de probabilidades y un elevado déficit en el volumen de aguas lluvias en amplias zonas de departamentos como la Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila e incluso buena parte de la Costa Pacífica, incluido Chocó (donde las precipitaciones son relativamente frecuentes), implica la adopción de medidas oportunas y eficaces para evitar el desperdicio, asegurar un uso racional de los recursos y garantizar el derecho al acceso y prestación del servicio de acueducto por parte de la comunidad.

En este sentido y para el caso de Santa Marta, la Defensoría insiste en que no obstante el plan de contingencia adoptado por Metroagua mediante labores de mantenimiento, interconexión y corte de líneas fraudulentas en sectores como Puerto Mosquito, Quebrada del Sena y el tramo Rodadero-Gaira, estas acciones son a todas luces insuficientes teniendo en cuenta que como lo advirtió la misma Defensoría del Pueblo desde agosto del año pasado, el 60 por ciento de los habitantes de esa ciudad no tiene acceso adecuado al líquido vital, situación que se agrava con el déficit tanto en los ríos como en las plantas de tratamiento, que según cifras oficiales supera los 3.260 y los 590 litros por segundo, respectivamente.A este panorama en el Magdalena, donde poblaciones como Aracataca, Pueblo Viejo y Pibijay también afrontan problemas de acceso y abastecimiento, se suma el incendio que desde el 28 de Mayo consume varias hectáreas del Parque Isla Salamanca, emergencia que habría sido ocasionada por quemas ilegales  y que aún no ha sido superada a pesar de la intervención los organismos de socorro y la Fuerza Aérea Colombiana.

En este orden de ideas, la Defensoría del Pueblo exhorta a la Unidad Administrativa de Parques Naturales, a los turistas, campesinos, cazadores, pescadores, carboneros y aserradores, para que por una parte refuercen los controles y las medidas de vigilancia, y por otra tomen conciencia sobre el urgente cuidado de la naturaleza, en aras de prevenir conflagraciones de estas características. Recuerda la Defensoría que según el artículo 350 del código penal, el cual tipifica el delito de incendio, quien de manera intencional provoque un incidente de esta índole, puede incurrir en prisión que va desde uno a hasta los 12 años, e invita a los ciudadanos a denunciar posibles casos de quemas voluntarias para que las autoridades actúen de conformidad e impongan las sanciones a que haya lugar.