Procurar que sean pagadas oportunamente las condenas justas proferidas contra el Estado también es papel de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pues de lo contrario, se inician procesos ejecutivos que generan mayores costos para el Estado, al punto que por ello puede ser embargado y debe pagar altos intereses moratorios.

Así lo aclaró ayer la Agencia, a través de un comunicado, recordando que dentro de sus principales objetivos está ayudar a las entidades públicas del orden nacional a mejorar sus estrategias de defensa jurídica para evitar perder los procesos que cursan en su contra.

Un ejemplo del trabajo por el pago oportuno es el Seguro Social, con aproximadamente 10.500 sentencias condenatorias no pagadas, lo que ha generado una deuda de 300.000 millones de pesos.

Para solucionar este problema, la Agencia, a través de su Consejo Directivo, aprobó una estrategia presentada por la Directora para identificar los procesos ejecutivos vigentes por el no pago de las sentencias, con el fin de realizar el pago oportuno.

Con esta estrategia además se busca que las decisiones de los jueces sean respetadas, que haya una descongestión de la justicia del orden de 10.500 procesos correspondientes al no pago de sentencias y realizar una labor de reconocimiento de derechos sociales que no debe ser postergado por el Estado.