El auto del Consejo de Estado sobre el decreto que reglamenta el sistema de compras y contratación pública, en lo relacionado con defensa y seguridad nacional no afecta la labor de la Fuerza Pública, aseguró el Ministerio de Defensa a través de un comunicado.

“El Consejo de Estado no ha suspendido provisionalmente, ni se ha referido a ninguna disposición relacionada con los denominados ‘gastos reservados’” dice el comunicado de esa cartera.

Sin embargo, aclara que el Gobierno fue notificado sobre el auto del alto Tribunal sobre el decreto 1510 de 2013 que no afecta este tipo de gastos.

“Los gastos reservados se usan principalmente en inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal”, según el ministerio. 

“Las entidades afectadas por la decisión son el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerzas Militares – Policía Nacional; la Dirección Nacional de Inteligencia; la Unidad Nacional de Protección; la Fiscalía General de la Nación; la Procuraduría General de la Nación; el Consejo Superior de la Judicatura y la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes hacen uso de estas normas”, señala la cartera de Defensa.

Agregó que “contrario a versiones que han circulado en diferentes medios, el Consejo de Estado no ha suspendido provisionalmente, ni se ha referido a ninguna disposición relacionada con los denominados ‘gastos reservados’, utilizados para actividades de inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal, los cuales se rigen por una normatividad y unas disposiciones diferentes a las aquí señaladas”.

Y concluyó que el Ministerio de Defensa Nacional respeta y acata las decisiones de los jueces de la República y manifiesta que hará uso del recurso de súplica que otorga la Ley.

La Sección Tercera del Consejo de Estado suspendió de manera provisional tres artículos del decreto 1510 de la Presidencia de la República que avalaba la contratación directa para gastos reservados en las fuerzas militares.

Con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo, quien acaba de terminar sus ocho años de magistratura, el alto tribunal señaló que el Decreto 1510 del 17 de julio de 2013 violaba la ley, especialmente las normas que tienen que ver con contratación.