Cinco estrategias para reducir los índices delincuenciales, basadas en un trabajo conjunto entre el Gobierno distrital o municipal y las empresas privadas expertas en seguridad, les están proponiendo a los mandatarios locales electos el 30 de octubre.

De hecho, el Gobierno Nacional evalúa esa posibilidad, pero de manera limitada a los espectáculos públicos como los son partidos de fútbol y conciertos, que hoy están a cargo de la Fuerza Pública.
Miguel Díaz, gerente de la Compañía Andina de Seguridad, les está proponiendo los nuevos alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, entre otras capitales, “la creación de una Secretaría de Seguridad que integre en una sola estrategia los esfuerzos del sector público y los recursos de la seguridad privada, con el fin de que todas las patrullas, radios y personal de guardia operen en procura de ofrecer mayor tranquilidad a la población”.
Díaz les está sugiriendo que, además de la seguridad de los escenarios deportivos, también se les delegue la de los centros de reclusión distrital, experiencia que se aplica en Brasil y España.
“La seguridad privada está lista para operar negocios privados y, por eso, está propuesto ya en las nuevas legislaciones con la Policía”, como es el caso del nuevo Código de Convivencia, señaló el superintendente de Vigilancia Luis Felipe Murgueitio.
También el alto Consejero para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana Francisco Lloreda se ha pronunciado sobre tres escenarios en donde se debería empezar a debatir si la seguridad privada asume las labores que hace la Fuerza Pública: como espectáculos públicos, sistemas de transporte masivo y cárceles.
De acuerdo con Lloreda, hace unos 30 años hay consenso mundial sobre que la seguridad no es exclusiva del Estado, sino que este debe establecer políticas, campos de actuación de la seguridad pública y entender que en los cuerpos de seguridad privada hay una gran oportunidad para su complemento.