“Lo que pasó en las conversaciones con paramilitares es que los políticos concertaron acuerdos a cambio de votos y proyectos de favorecimiento. Eso sí era delito”, aclaró ayer el exmagistrado Jaime Arrubla, a propósito de unas declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez que comparaba la parapolítica con la visita inconsulta de unos concejales a los delegados de las Farc en La Habana.
Como lo publicó la víspera EL NUEVO SIGLO, un grupo de concejales, cuyo número, identificación y filiación no fueron revelados, se habrían reunido en La Habana con los voceros de las Farc sin autorización del Gobierno.
Tras advertir que "la Procuraduría tiene conocimiento reciente que varios funcionarios públicos en actual ejercicio de su investidura se han trasladado a La Habana sin permiso del Gobierno nacional", conjeturó que “esas personas estarían incurriendo en iguales conductas que hoy tienen tras las rejas al exgobernador de Antioquia”, en clara referencia a las reuniones que sostuvo Luis Alfredo Ramos con jefes paramilitares, en las que habría obtenido apoyo político.
Para Arrubla, las amonestaciones del procurador Ordoñez son apresuradas porque no tiene claridad frente a lo que realmente está ocurriendo en La Habana.
“A menos que tenga pruebas que lo que suceda allá es diferente. En ese caso debería ponerlo en conocimiento de las autoridades”, expresó Arrubla en diálogo con Caracol Radio, agregando que no ve que haya nada irregular en que funcionarios hablen con los negociadores en La Habana en medio del proceso de negociación.
“Lo equivocado es que lleguen a acuerdos paralelos como pasó con los paramilitares en Santa Fe de Ralito”, precisó.
El procurador Ordóñez habló el jueves en un conversatorio denominado “Diálogo Constitucional para la Paz”, organizado en Medellín por la Corte Constitucional. Allí, el jefe del Ministerio Público analizó los estándares internacionales de la justicia transicional y la necesidad de equipararlos al contexto colombiano en los diálogos que se adelantan en la actualidad entre la insurgencia y el Gobierno nacional.