"No esun delito acudir a La Habana sin permiso del presidente de la República. No es un delito tampoco que un funcionario acuda a La Habana a tener conversaciones sobre temas de paz, con la guerrilla de las Farc o con el Eln en el lugar donde estén, porque las conductas delictuosas están específicamente señaladas en el Código Penal. Y hay una prohibición, pero no es una prohibición que conduzca a conductas penales".

Con esas palabras el fiscal Eduardo Montealegre planteó un nuevo campo de contradicción con el procurador Alejandro Ordóñez, quien ya anunció auto de apertura de investigación preliminar a servidores públicos, concejales y congresistas, según lo han dicho algunos involucrados, que habrían viajado a La Habana para reunirse con voceros de las Farc sin autorización previa del Gobierno nacional.

Para el jefe del Ministerio Público, “esas personas estarían incurriendo en iguales conductas que hoy tienen tras las rejas al exgobernador de Antioquia”, en clara referencia a las reuniones que sostuvo Luis Alfredo Ramos con jefes paramilitares, en las que habría obtenido apoyo político.

“No hay ninguna diferencia entre aquellos que se reúnen con los paramilitares y quienes en las semanas anteriores, siendo funcionario, violando la prohibición legal sin autorización del presidente o el alto comisionado, han hecho presencia en La Habana”, insistió.

Ya el exmagistrado Jaime Arrubla había señalado el error de comparación cometido por Ordóñez, al precisar que “lo que pasó en las conversaciones con paramilitares es que los políticos concertaron acuerdos a cambio de votos y proyectos de favorecimiento. Eso sí era delito”.

Ahora también Montealegre rectifica a Ordóñez: "No podemos confundir la parapolítica con unas conversaciones, con acercamientos que tienen unos fines altruistas, de colaborar a construir la paz en el país, sería un despropósito pensar que acudir a La Habana sin permiso se convierta en un delito y mucho menos en una falta disciplinaria".