"Yo soy el primero en dar crédito de la voluntad política que tiene el presidente Juan Manuel Santos del diálogo social”, dijo ayer el vicepresidente Angelino Garzón al defender la forma en que el jefe de Estado ha afrontado la negociación con los voceros de los agricultores que en distintos puntos del país reclaman una u otra cosa.

Garzón aclaró que la única condición que sigue en pie es que no se bloqueen vías, afectando con ello al resto de la población.

Específicamente, señaló que ese es el punto clave de las conversaciones que él y otros altos funcionarios han sostenido con los líderes del paro en el Catatumbo: que se ponga fin al bloqueo, “porque el bloqueo contra la población de Tibú es una violación a los derechos humanos”.

Sin embargo, para el representante por Bogotá, Iván Cepeda, del Polo Democrático, no está bien “por un lado reconocer como interlocutores legítimos al campesinado del Catatumbo y sentarse a hablar con ellos, y por otro tramar campañas de desprestigio contra estos mismos campesinos”, considerando como una mala señal que las protestas sociales sean acusadas por el Gobierno de estar infiltradas por grupos armados al margen de la ley.

“O se asume el proceso de interlocución u otro tipo de política. No creemos conveniente que por un lado se envíen comisiones y, por el otro, se estén haciendo acusaciones”, sostuvo.

“El Gobierno debe reconocer que hay un escenario de crisis y en vez de estar estigmatizando los movimientos, debe entrar a resolver los problemas”, enfatizó.

“Esta crisis se puede resolver en minutos, señor presidente, pues los campesinos tienen unas propuestas concretas que son viables y basta que simplemente haya la voluntad de su parte para ser atendidas”, insistió Cepeda.

“El Gobierno puede solucionarlo, pero le falta voluntad para hacerlo”, insistió.

Al respecto, anticipó que el acompañamiento del Congreso se producirá tan pronto se reinicien mañana las sesiones ordinarias: “Vamos a plantear debates de control político sobre las zonas de reserva campesina”, porque “es una disposición a la cual obliga la ley. El Gobierno no está por encima de la ley. Debe cumplirla”.