Un debate de control político al impacto que está dejando la explotación minera en las zonas urbanas y rurales, realizará hoy la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, que estará sesionando en Ubaté, Cundinamarca.

Al debate están citados  el ministro de Minas y Energía, German Arce y la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Beatriz Habib.

Este debate fue citado por el representante del Centro Democrático Rubén Darío Molano Piñeros, por el conservador Nicolás Albeiro Echeverry y por Alfredo Molina Triana.

Cabe recordar que en  septiembre del año pasado se llevó a cabo en el Salón Boyacá del Congreso de la República la audiencia pública “Conflictos Sociales y Ambientales de la Actividad Minera en Espacios Urbanos y Rurales: casos representativos en  Bogotá y el Altiplano cundiboyacense”, convocada por el representante a la Cámara por el Polo Democrático, Alirio Uribe Muñoz. 

El objetivo de la audiencia era el de mostrar cómo la minería está afectando gravemente las comunidades en Colombia, en materia ambiental, social y económica.
Durante su desarrollo, se presentaron cinco casos emblemáticos de Bogotá y el altiplano cundiboyacense. En Bogotá (afectaciones de la extracción de materiales de construcción en las zonas de Potosí y la Cuenca del río Tunjuelito); Soacha y el impacto de la actividad minera en el área urbana y en ecosistemas del páramo de Sumapaz; Suesca y los efectos sociales y ambientales de la extracción y procesamiento de cemento; y el potencial arrasamiento de ecosistemas y bosques en el municipio de Gachantivá.

En el caso de Gachantivá, municipio del centro de Boyacá, casi la totalidad del municipio quiere un destino distinto a la minería. Y en tal sentido parece ir la administración municipal, la cual antes de finalizar el período legal pretende dejar listo el proyecto de acuerdo para realizar la consulta popular. “La consulta popular será la que nos dé la legitimidad de nuestras reivindicaciones como campesinos y defensores de la riqueza natural de nuestro municipio, allí con total certeza el 99% de los habitantes dirá NO a la minería y SÍ a la vida”, dijo Clara Ángel, una de las integrantes del Movimiento Cívico por el Agua y por la Vida de Gachantivá.

Sin embargo, no todas las administraciones locales están pensando en mecanismos de  control estricto a la actividad minera a nivel territorial, ejemplo de esto es el caso de Soacha (Cundinamarca) municipio vecino de Bogotá que sufre graves alteraciones tanto en el área urbana como en las zonas rurales por cuenta de la minería.

De acuerdo  con un informe revelado en la audiencia,  en Cundinamarca y Boyacá se hallan muchas coincidencias en materia de conflictos, tipo de explotación y hasta empresas involucradas. Es el caso de Cementos Tequendama, empresa que instaló a escasos metros del casco urbano de Suesca (Cundinamarca) una planta cementera, la cual ha ocasionado graves conflictos ambientales y en materia de salud, según denuncian voceros del Movimiento Cívico Aire Puro para Suesca. Esta misma empresa es denunciada por habitantes de Gachantivá, la cual a pesar de tener licencia ambiental y título otorgado por la Agencia Nacional de Minería, por oposición de las comunidades locales, no ha podido entrar en fase de explotación.

Estos casos fueron objeto de amplia denuncia durante el desarrollo de la audiencia pública convocada por el congresista Uribe Muñoz.