El fallo de la semana pasada de la Corte Suprema que le dio el beneficio de rebaja de pena a un condenado por un delito considerado como grave, abrió el debate sobre la conveniencia del endurecimiento de las condenas establecidas en el Código Penal por parte del Congreso.

El primero en pronunciarse sobre el tema fue el ex fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, para quien en el  Parlamento se ha “despedazado la legislación Penal”.

“Aquí no hay política criminal estable, hay es una especie de populismo punitivo. El Congreso busca el Código Penal para resolver todos los problemas y que cree que legislando para la galería, aumentando penas, descuartizando la legislación penal, es suficiente”, afirmó Gómez Méndez.

El ex funcionario estuvo de acuerdo con el llamado de atención de la Corte al Congreso después que al Código Penal que presentó en el año 2000 le han hecho entre  25 a 30 reformas.

“Me parece muy bien el llamado que el Congreso le hace al Parlamento para que sea mucho más serio en este tema. En esto pasó lo mismo que con el Sistema Acusatorio, que lo impusieron de manera superficial, sin estudios por lo cual hoy en día es un sistema que está haciendo agua”, precisó Méndez.

En relación al endurecimiento de las penas y a la flexibilización de estas, el exfiscal dijo que hay que establecer mecanismos estables de juzgamiento.

“Lo que hay es que definir unos criterios estables porque no es lógico estar endureciendo penas que luego no se cumplen. Lo que hay que hacer es buscar todos los mecanismos para combatir estos delitos, empezando por la prevención”, anotó el especialista.

Aplicación variable

Un concepto distinto expresó el exministro de Justicia Carlos Medellín, quien dijo que la herramienta puede aplicarse de diferentes formas dependiendo del caso.

En este sentido Medellín explicó que el beneficio puede otorgarse tanto a integrantes de delincuencia organizada como a delincuentes comunes de distinta forma.

 “A un delincuente individualmente considerado que no sea parte de una organización o de una estructura criminal, las rebajas de penas sí son posibles, pero son completamente distintas a las rebajas de pena de un delincuente que pertenece a una organización criminal, en otras palabras; son superiores las rebajas de penas si dentro de ese ‘negocio’ con el sistema judicial le trae un beneficio a la sociedad, como lo es desmantelar una organización criminal”, consideró el exministro.

Sin embargo, Medellín advirtió que la figura no puede caer en el extremo de dar beneficios a personas que quieran aprovecharse de esta. “Lo que no se puede es llegar al extremo; de delincuentes que cometen delitos graves y después confiesan y que dicen entonces yo mato y después confieso y listo, rebajo la pena. Eso no se puede”, señaló.

Aumento de penas es impunidad

Por su parte, el también ex fiscal General de la Nación, Alfonso Valdivieso, se expresó a favor de los preacuerdos, los principios de oportunidad, las sentencias anticipadas y el allanamiento a cargos.

“Estoy de acuerdo que la solución de la impunidad no puede encontrarse en el aumento de penas, eso lo que está haciendo es congestionar aún más la justicia. El aumento de penas lo último que consigue es aumentar la impunidad. Me parece que es un argumento bastante sólido para enfrentar la delincuencia de una forma más eficaz y oportuna”, señaló Valdivieso.

El también ex congresista dijo que prefiere “una justicia eficaz con penas más bajas”, y no un sistema que no opera.

“Lo que creo que está sucediendo hoy es que con la alta impunidad  esas personas más bien se ven estimuladas a delinquir, es decir; yo preferiría una justicia eficaz, así sea con penas más bajas a una justicia que no opera. El aumento de penas en la práctica lleva a una mayor impunidad. Con una delincuencia tan elevada en Colombia, aumentar penas es contraproducente”, puntualizó el exfiscal.

De su lado,  Germán Navas Talero representante del Polo Democrático y miembro de la Comisión Primera, criticó las actuaciones del Congreso y la forma errada como legisla en asuntos como el Código Penal.

“Lo cierto es que en el Congreso de la República se legisla por impulsos, sin ningún estudio previo. Cuando un parlamentario amanece de mal genio un lunes, al día siguiente presenta un proyecto elevando todas las penas sin tener en cuenta la dosimetría penal, ni si ese delito es menos lesivo que otro que tiene menos pena. No conozco la sentencia de la Corte pero en el fondo comparto que no se puede seguir legislando a la carrera, ni por presiones mediáticas”, dijo el Congresista.

Navas sostuvo que las decisiones sobre dar beneficios o aplicar condenas severas, debe aplicarse según el caso y bajo un estudio a profundidad.

“No en forma indiscriminada. Todas estas reformas deben ser sometidas a un estudio previo de política criminal y luego mirar qué tan conveniente es o no hacerlo al impulso de una opinión descontrolada de un día”, indicó el Parlamentario.

Tras considerar que las últimas reformas al Código Penal que prohíbe dar beneficios a procesados por delitos graves, la Corte Suprema de Justicia creó una nueva jurisprudencia al apelar a las normas anteriores al Código Penal del 2004 al dar dos años de rebaja en una condena por extorsión.

El alto tribunal advirtió que por estas circunstancias se encuentran represadas casi un millón de investigaciones en los despachos judiciales.