Esta semana, antes de que debiera levantarse la sesión del miércoles en la plenaria del Senado, el Gobierno, por boca del ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, anunció que aceptó incluir en el proyecto de reforma a la Justicia que la investigación a los congresistas la adelante un grupo de tres magistrados ad hoc, escogidos por la propia Corte Suprema.

El anuncio despertó suspicacias, pues se produjo, precisamente, en el momento de conocerse un ambiente enrarecido en torno a la reforma y los rumores de que los legisladores querían hundir el proyecto, que se unen a la forma extraña en que debió levantarse la sesión.

Esguerra se apresuró a aclarar que la propuesta no es para salvar el proyecto y persuadir a la plenaria su aprobación: “La reforma que apruebe el Congreso es producto de consensos y acuerdos, no de componendas porque ese no es el estilo ni del Gobierno, ni de este Congreso ni mucho menos de las altas Cortes”.

El proyecto y sus normas legales complementarias impulsadas por el Gobierno mejorarán la Justicia en su conjunto, la harán más pronta y más eficiente, y darán a los ciudadanos y a los empresarios más confianza, según ha proclamado el presidente Juan Manuel Santos.

Sin embargo, en el Congreso no están muy convencidos de esas bondades. Empezando, obviamente, por la oposición. El senador Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático, al sustentar las propuestas planteadas en la ponencia alternativa radicada en Secretaría General, advirtió, por ejemplo, que no se puede privatizar la Justicia, otorgándoles funciones jurisdiccionales a los particulares a notarios y centros de arbitramento, pues esto es desnaturalizar la administración de Justicia, y consideró que para superar el grave problema de la congestión judicial se requiere fortalecer presupuestalmente a la Rama Judicial.

Pero no es solo la oposición. La senadora llanera Maritza Martínez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), advirtió que ésta no es la reforma indicada y la que necesitan los colombianos.