Martínez precisó que sus propuestas se ajustan en su totalidad al acuerdo que negoció el Gobierno en La Habana.

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Ante una posible negativa del partido Farc a aceptar los cambios que ha propuesto en la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el fiscal general Néstor Humberto Martínez manifestó este martes que se reunirá con sus dirigentes para aclararles que sus observaciones están alineados con los acuerdos de La Habana.

“No se está violentando nada en el régimen de los acuerdos. Y como existe la obligación de decir la verdad, tienen que entregar la lista de testaferros y activos ilícitos”, le dijo Martínez a La W.

El fiscal agregó que “hay claridad en el sentido de que quienes reincidan tienen que someterse como cualquier ciudadano a la ley ordinaria y a las penas que contempla sin ningún tipo de beneficios y privilegios, y quienes estén tomando el camino de la deserción, quienes actúan como desertores o están entrando a engrosar grupos de criminalidad no podrán gozar ningún beneficio”.

Además, también señaló que existen unas preocupaciones que para él no tienen sentido, pues existen unas reglas claras y unas líneas “rojas” en cuanto a los beneficios, pero que no se puede volver a incurrir a la delincuencia.

Articulado va a las plenarias

En un movido debate en el que fue necesario resucitar los artículos sobre responsabilidad de mando militar y derechos políticos de las Farc, las comisiones primeras aprobaron en la noche del lunes el proyecto de ley estatutaria que reglamenta la justicia transicional, incluyendo la mayoría de las correcciones hechas por la Fiscalía.

El articulado pasa ahora a ser debatido por separado en las plenarias de Senado y Cámara.

Las células legislativas aprobaron ocho de nueve propuestas que hizo el fiscal Martínez, sin embargo no fue atendida la solicitud para suprimir el artículo 98 que plantea que la Jurisdicción podrá entrar parcialmente en funcionamiento sin necesidad de que esté listo el nuevo Código de procedimiento que deberán elaborar los magistrados.

Dicho artículo señala que “los magistrados de Sala y los que integren el Tribunal para la Paz, el Director de la Unidad de Investigación y Acusación y los fiscales que integren esta última estarán sometidos al mismo régimen disciplinario y sancionatorio previsto en el artículo transitorio 14 del Acto Legislativo 001 de 2017. A los Comisionados de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad se les aplicará el mismo régimen disciplinario que a los magistrados de la JEP, aplicación que será realizada por la Comisión prevista en el artículo transitorio 14 del Acto Legislativo 001 de 2017. Los magistrados que integran la JEP elaborarán las normas disciplinarias aplicables al resto de funcionarios y empleados de esta jurisdicción, conforme a lo establecido en el Artículo transitorio 12 del Acto Legislativo 001 de 2017”.

Ese artículo tenía una disposición que habilitaba a los jueces de la JEP a limitar derechos fundamentales para la práctica de pruebas. Sin embargo el senador Roy Barreras (Partido Social de Unidad Nacional, La U) puso de relieve que “eliminar toda la transitoriedad de las facultades de la JEP hasta que se apruebe el reglamento, impedirá operar. Si eso pasa la situación jurídica de muchos militares quedaría en un limbo, tendrían que volver a prisión”.

Si bien los representantes a la Cámara le dieron la razón al fiscal Martínez en la necesidad de suprimir este artículo, el Senado dijo lo contrario.

Inicialmente la Cámara votó a favor de la eliminación mientras que en Senado hubo un empate de 6 votos por el sí y 6 votos por el no.

“Nos dijeron que había un acuerdo con el Fiscal General y aquí se le ha hecho conejo a este acuerdo”, dijo el representante vallecaucano Heriberto Sanabria, del Partido Conservador, quien advirtió  que en esas condiciones su partido no seguiría apoyando el proyecto.

Empero, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que el Gobierno sí cumplió a la palabra del fiscal, y lo sucedido con este artículo 98 se presentó porque en el Senado no se alcanzaron los votos. Sin embargo el funcionario dijo que se acordará una nueva redacción para determinar un régimen de transición y de procedimiento que deje satisfecho al Congreso y al propio fiscal general.

En el debate estuvo ausente el partido Cambio Radical.

Le dieron la razón

A pesar de que quedó vivo el polémico artículo 98 en el proyecto de ley estatutaria de la JEP, se puede decir que el fiscal general fue uno de los ganadores de la jornada de ayer, pues se aprobó la mayoría de las 16 observaciones que había hecho para el primer debate de esta iniciativa.

Martínez propuso 15 modificaciones al proyecto de la JEP, con el fin de subsanar esas falencias. Recalcó en que se debe garantizar que esta legislación sea de carácter transitorio. También en que desde el 1 de diciembre de 2016 todos los reinsertados que reincidan en actividades delincuenciales tendrán que someterse a la Fiscalía y no a la justicia transicional.

No obstante al final en la ponencia para primer debate fueron incluidas 9 observaciones de Martínez.

Entre los ajustes que solicitó el fiscal exigió que quede garantizado que el Estado pueda destinar los activos entregados por las Farc para la reparación exclusiva de las víctimas. Por lo mismo se requieren herramientas jurídicas para perseguir a los testaferros de esa guerrilla desmovilizada y que quede claro que no entregar los bienes ilícitos daría lugar a perder los beneficios de la justicia transicional. Esos recursos ilegales tampoco podrán ser utilizados en actividades políticas. Advirtió que hay procesos en curso para seguir metiendo gente en lista de reinsertados, lo que sería un fraude procesal.

Igualmente el jefe del ente acusador insistió en que debe dejarse en claro que todos los desmovilizados reincidentes o los desertores no tendrán beneficio alguno y serán juzgados por la justicia ordinaria.

Por lo mismo, el fiscal presentó varias proposiciones para ajustar el articulado, las mismas que fueron incorporadas para ser estudiadas.

El fiscal consiguió que se modificara el proyecto del Gobierno para definir los límites entre la justicia ordinaria y la justicia transicional, y mantener la competencia de la Fiscalía para investigar los bienes ocultos de las Farc, uno de sus principales caballitos de batalla después de que se produjo la desmovilización de la guerrilla.

Las principales exigencias del fiscal general para darle un espaldarazo a la JEP, al menos por ahora, se concentraban en que testaferros, aquellos terceros que no están en los listados de las Farc, que oculten o no denuncien la existencia de bienes, perderán los beneficios del sistema transicional de justicia.

De igual forma los perderán aquellos desmovilizados que sean propietarios de esos bienes y que se estén usufructuando de ellos. El Congreso determinó que eso sería una falta al compromiso de la verdad por lo que debe ser retirado de la JEP.

Otro de los peros del fiscal general tenía que ver con el tratamiento a los desertores. En principio el Gobierno contemplaba para estos disidentes la máxima sanción de la justicia transicional, cárcel de 20 años, pero las mayorías en Senado y Cámara decidieron que deben perder los beneficios de la JEP y ser competencia de la justicia ordinaria.
Si los desertores que inicialmente se acogieron a la JEP se van a un grupo rebelde, pierden los beneficios y salen del sistema. Pero si esos desertores se van, no a constituir una organización rebelde, sino a conformar o hacer parte de una banda criminal, también pierden los beneficios y serán juzgados por la justicia ordinaria. En estos casos la Fiscalía los investigará, pero no solo por lo que hicieron después de desertar, sino por todos los delitos que hubieran cometido antes de 1 de diciembre del 2016, que es la fecha que se acordó en La Habana como corte de cuentas.

De otra parte, no fue aprobada la proposición de la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, para que los miembros de las Farc no puedan participar en política hasta que cumplan las penas que les fije la ley.

Al respecto el ministro Rivera dijo que para el Gobierno es claro que los integrantes de las Farc podrán participar en las elecciones de Congreso y presidenciales del próximo año.

Rivera dijo que está el compromiso que los candidatos de las Farc tendrán que cumplir con su obligación de presentarse ante la JEP y satisfacer los principios de verdad, justicia y reparación.

Artículos 30 y 67

Por la polémica que generó la supresión de los artículos 30 y 67 motivó que fuera reabierta su discusión, el primero de los cuales tiene que ver con el plazo para la conclusión de las funciones de la JEP que será de 10 años y un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad jurisdiccional, plazo este último que de ser necesario podrá ser prorrogado para concluir su actividad.

En tanto que el artículo 67 indica que en la JEP se aplicarán dos procedimientos: uno en caso de reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad; y un procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad.

Se hizo una nueva votación y el artículo 30 fue aprobado por mayoría como venía en la ponencia. Igual sucedió con el artículo 67, que también fue aprobado.

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