Sin importar cuál sea el resultado, lo claro es que después de cada operación de las Fuerzas Militares se hace una evaluación táctica y estratégica con el fin de determinar los errores y aciertos.

Lo ocurrido ayer en la mañana en zona rural de Solano (Caquetá), en donde cuatro militares que llevaban varios años secuestrados por las Farc fueron asesinados a sangre fría por los subversivos ante la inminencia de una operación de rescate por parte tropas del Ejército, también debe ponerse bajo la lupa.

Y para hacerlo lo primero que debe existir es un enfoque objetivo del escenario circunstancial. Es prioritario, por tanto, diferenciar dos ámbitos distintos: el de la CULPABILIDAD y el de la RESPONSABILIDAD.

Dentro del primero es claro que el ciento por ciento de la CULPA del crimen perpetrado ayer es de la guerrilla y no le cabe porcentaje alguno a la Fuerza Pública. Fue la subversión la que secuestró y mantuvo por años a los uniformados sometidos a la más inhumana de las condiciones e hizo de su libertad “un botín de guerra” para negociarlo a través de sus fallidas exigencias de ‘canje de prisioneros’.

Asimismo, la normatividad del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que dicho sea de paso prohíbe la toma de rehenes, es taxativa en torno a que el grupo o facción armada que tiene bajo su poder o ‘custodia’ a un combatiente del bando contrario, debe responder por la integridad física del mismo. Ninguna norma que regule un conflicto armado interno o internacional faculta o permite que los “prisioneros de guerra” puedan ser asesinados en caso de un intento de rescate del bando contrario. 

A la luz del DIH la única circunstancia en que el grupo captor puede atentar contra la integridad física de un cautivo es cuando éste intenta fugarse, escenario en el cual la acción debe limitarse a neutralizar la evasión con el uso de fuerza medida y proporcional, sin incurrir en la llamada “ley de fuga”, costumbre bélica distorsionada e ilegal que permitía abatir sin fórmula de juicio y a sangre fría al prófugo por el simple hecho de serlo. Dicha práctica está hoy proscrita absolutamente.

El DIH también admite que un integrante del grupo captor puede neutralizar, herir o abatir (sólo en caso extremo) a un combatiente detenido del bando contrario, cuando éste incurra en alguna acción que ponga en riesgo la vida de los captores o dé ventaja militar al enemigo. Es decir, por ejemplo, que un militar secuestrado se apodere de un arma y trate de escapar abriéndose paso a punta de disparos. 

Sin embargo, nada de ello ocurrió ayer en las montañas de Solano. Los uniformados cautivos no intentaron escaparse ni se apoderaron de arma alguna que pusiera en riesgo la vida de los guerrilleros que los custodiaban. Lo que hubo allí fue un asesinato de personas puestas en estado de indefensión. Es decir, un crimen de lesa humanidad, con sevicia y deliberada barbaridad, que no admite excusa ni justificación alguna a la luz del Derecho Internacional Humanitario y las reglas de la guerra, ya sea declarada o no. 

 

Antecedentes

 

Lo de ayer es de igual gravedad a lo ocurrido en mayo de 2003 cuando las Farc asesinaron a sangre fría en las montañas de Urrao (Antioquia) al secuestrado gobernador Guillermo Gaviria, el ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri y ocho militares más, tras ser sorprendidos por una operación de rescate por parte del Ejército. 

Y este caso es de gravedad similar a lo que se registró en junio de 2007 en zona montañosa limítrofe de Cauca y Valle, cuando las Farc asesinaron, mediante fusilamiento, a 11 diputados secuestrados, tras confundir a una cuadrilla subversiva que arribaba al campamento en donde tenían a los cautivos con tropas del Ejército que intentaban un rescate a sangre y fuego de los plagiados. 

Queda, pues, claro que la CULPABILIDAD del asesinato a sangre fría de los cuatro militares ayer en el Caquetá es de las Farc. Se trata de un crimen de lesa humanidad, que confirma una vez más porque la guerrilla colombiana está considerada como una facción paria, bárbara, criminal y terrorista en todos los rincones del planeta.

 

Nivel de riesgo

 

Ahora bien, si se analiza lo que pasó ayer desde el ámbito de la RESPONSABILIDAD, tiene que dejarse en claro que ésta es del Ejército. Y no porque haya intentado el rescate a sangre y fuego de los uniformados, ya que tratar de recuperar a sus hombres de manos de un grupo que los tiene cautivos de forma ilícita es una acción legítima y amparada por la Constitución y la ley. 

En modo alguno el Estado puede renunciar a actuar para liberar secuestrados, sin importar que éstos lo sean por razones políticas, económicas o por acciones derivadas del conflicto armado. En ese orden de ideas, el debate no se debe centrar en la desgastada polémica sobre cómo gestionar el regreso a la libertad de los plagiados: por la vía del intento de rescate o la ruta de la negociación.

La Operación Jaque (2 de julio de 2008) echó por tierra la tesis de que no se podía rescatar con vida a los plagiados. Se trató de una acción astuta, milimétrica, un triunfo de la Inteligencia castrense que infiltró a las Farc, las engañó y le arrebató de las manos, sin disparar un solo tiro, a Ingrid Betancourt, los tres contratistas estadounidenses y 11 militares y policías más.

Pero también hay rescates de secuestrados a sangre y fuego que han sido exitosos. Por ejemplo, en julio de 2010 las Fuerzas Especiales del Ejército llevaron a cabo la Operación Camaleón, mediante la cual dieron un golpe de mano en las montañas de Guaviare a un frente de las Farc que mantenía secuestrados al general Luis Mendieta, dos coroneles y un soldado. Fue una operación milimétrica y aunque hubo combates, los subversivos no tuvieron tiempo de atacar a los plagiados, que en cuestión de minutos estaban en poder de las tropas y un cuarto, que huyó en medio del fuego cruzado, fue localizado horas después sano y salvo.

Como se ve, el problema no es intentar o no el rescate, sino asegurarse de que el nivel de riesgo sea el menor para los cautivos y las propias tropas. Si no hay certeza o garantía de ello, lo mejor es abstenerse y esperar al momento cuando esas circunstancias estén dadas. En otras palabras, el rescate se intenta sobreseguro, a menos, claro, que se detecte riesgo inminente de atentado subversivo unilateral contra los cautivos.

 

¿Entonces?

 

La RESPONSABILIDAD del Ejército en la tragedia ayer en Caquetá radica en que desde hace varios años está advertido de que las Farc dieron la orden a los frentes que custodiaban los uniformados y dirigentes políticos cautivos que ante la inminencia de un rescate militar de éstos, se procedería a asesinarlos a sangre fría. Ante ello, tras la presión de los familiares de los plagiados, no en pocas ocasiones el gobierno Uribe admitió que se abstendría de realizar este tipo de operaciones si el nivel de riesgo para los cautivos era muy alto. Ni siquiera se llevarían a cabo por más que los familiares de los secuestrados dieran ‘vía libre’ para intentar el rescate.

Por lo tanto, cualquier operación de rescate debía tener la precaución táctica de dar un golpe de mano rápido y contundente, que redujera al máximo la capacidad de reacción de los guerrilleros y, por ende, el riesgo de que asesinaran a los cautivos y salieran huyendo de la zona de combate. (Operación Camaleón).

Es allí en donde está la duda sobre lo que pasó ayer. El Ministro de Defensa admite que hace 45 días las tropas estaban en la zona y que hubo información en torno a que la cuadrilla subversiva que allí opera tendría a varios de los uniformados cautivos. 

Ello obligaba, entonces, a tener la máxima preocupación en la labor de acercamiento al objetivo, tomarlo por sorpresa, neutralizar o abatir a los subversivos para impedir que tuvieran tiempo de reaccionar y asesinar a los secuestrados. 

Fue allí en donde falló el operativo castrense, pues las tropas fueron detectadas por la cuadrilla de las Farc, que no sólo trabó combates con la avanzada militar sino que tuvo margen de acción para ejecutar a cuatro plagiados (un quinto no fue rescatado como tal en el sitio del cautiverio sino que huyó en medio del fuego cruzado) y salir de la zona. El hecho de que sólo una guerrillera haya sido capturada y no se encontraran cadáveres de guerrilleros, indica que éstos tuvieron tiempo suficiente para perpetrar el crimen atroz y evadirse.

La táctica del operativo de rescate falló. Simple y llano. Condenable, criminal y repudiable, todo eso y más, pero lo cierto es que no fue sorpresa alguna que las Farc asesinaran a los cautivos. De su sevicia el país ya tiene muchas pruebas. Además, después de sufrir el abatimiento de su máximo cabecilla, alias Alfonso Cano, hace menos de tres semanas, era obvio que las Farc están muy golpeadas, heridas y con deseos de venganza. Los frentes viven en constante alerta y neurosis por el riesgo cierto de ser blanco de bombardeos o ataques sorpresa.

Localizado el sitio en donde estaban los secuestrados, lo mejor era esperar para dar un golpe de mano contundente y rápido, que permitiera disminuir el riesgo de los plagiados. Ello no ocurrió pues es claro que si en una operación de rescate sólo el 20% de los objetivos sobrevive, éste no puede considerarse exitoso.

En síntesis, las Farc son CULPABLES del crimen, sí. Pero el Ejército es RESPONSABLE por un operativo que salió mal, muy mal.