El desarrollo económico de Colombia en las dos últimas décadas disminuyó de manera considerable la pobreza, pero no mejoró la distribución del ingreso.

De acuerdo con estudios realizados por la  CAF  y el Banco Mundial, la política fiscal es un  instrumento poderoso para reducir la inequidad. Sin embargo, su efecto redistributivo en Colombia es prácticamente nulo, debido a la poca progresividad de la estructura tributaria y a la neutralidad del gasto  público. 

Una parte de éste, que se asigna a educación, a salud y a transferencias en efectivo a los grupos más pobres, es progresiva. Pero otra parte, como las transferencias que fondean el sistema público de pensiones de prima media, es muy regresiva.

Cuando se agregan, la regresividad de la segunda anula la progresividad de la primera. En un primer paso, el Gobierno Nacional optó por atacar la inequidad utilizando como instrumento los impuestos. Para ello  propuso una reforma tributaria  que introduce modificaciones importantes en: i)  el régimen del impuesto de renta para las personas naturales y para las jurídicas; ii) la financiación de una parte considerable del gasto social; y iii) el IVA.

En la búsqueda de una mayor progresividad en el impuesto de renta para las personas naturales, que contribuya a reducir en el mediano plazo la desigualdad, en su estado actual el texto para debate de la reforma tributaria propone aumentar la carga para el decir más rico de la población. Para lograrlo limita la utilización de los beneficios vigentes y endurece la tributación sobre las rentas de capital.

Con este propósito la reforma propone introducir el impuesto mínimo alternativo nacional (IMAN), que es un mínimo por debajo del cual no se podrá tributar renta. El  IMAN permite restar menos conceptos para calcular la base alternativa del impuesto de renta y excluye los beneficios tributarios vigentes.

Por eso en la práctica éstos  –sobre todo los ahorros en los fondos de pensiones voluntarias y las cuentas para el fomento de la construcción  no podrán ser aprovechados por los contribuyentes. Con la introducción del IMAN y la limitación de los beneficios, ASOBANCARIA estima que el Gobierno Nacional lograría un recaudo adicional de renta de las personas naturales de alrededor de 0.86% del PIB.

No sobra advertir que si el incremento de la carga para estos contribuyentes es exagerado, podría tener efectos indeseables sobre la actividad económica o la tasa de cambio, en  el corto plazo; y sobre la capacidad de crecimiento de la economía, en el largo plazo.