En desarrollo de la actuación preventiva adelantada por la Procuraduría General de la Nación frente al manejo de la seguridad aérea y aeroportuaria en el país, a través de una misiva, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública reiteró y solicitó ampliación a las inquietudes presentadas por la entidad en comunicación del 13 de noviembre de 2014 al director de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Gustavo Alberto Lenis Steffens, con el fin de tener mayor claridad en estos temas.

 

En el documento se plantean interrogantes respecto al uso, instalación y cobertura de equipos de vigilancia radar, al funcionamiento del portal de meteorología de la Aerocivil, a la evaluación de los requerimientos operacionales de cada aeropuerto en relación con la adquisición de los sistemas de aproximación y al aseguramiento de la infraestructura aeroportuaria en todo el territorio nacional.

 

Así mismo el órgano de control solicitó al director de esta Unidad Administrativa Especial allegar la documentación que evidencie las reuniones anuales de la Comisión Intersectorial de la Seguridad en la Aviación Civil (CISA), en las que se hayan establecido políticas sectoriales y esquemas de cooperación para la seguridad aeroportuaria, según lo consagran los decretos 1400/02, 1040/09 y 2027/13.

 

A través de este escrito, la Procuraduría informó al señor Lenis Steffens el recibo de una nueva queja relacionada con el posible incumplimiento de las normas de protección establecidas en los protocolos de seguridad, especialmente en lo relacionado con las aeronaves y con el riesgo en las operaciones en la mayoría de los aeropuertos del país ocasionados, al parecer, por problemas de seguridad en los controles de acceso vehicular y de funcionarios, toda vez que no se cuenta con sistemas de ingreso sistematizado.

 

El Ministerio Público puntualizó que esta acción preventiva integral tiene por objeto “proteger y promover los derechos fundamentales, en pro del cumplimiento de los pilares institucionales como la protección del ordenamiento jurídico y la salvaguarda de los recursos públicos, y evitar en lo posible, la comisión de faltas disciplinarias”.  

 

Finalmente advirtió que en el curso de esta actuación fundamentada en argumentos legales, jurisprudenciales o doctrinales, sin valoraciones subjetivas ni incriminaciones respecto de la conducta de los servidores públicos o particulares involucrados, la Procuraduría General de la Nación podrá elevar más consultas si así lo considera pertinente.