La ocupación  de terrenos baldíos en el país tiene un nuevo capítulo de discordia ya que mientras el Ministerio de Agricultura pidió al Consejo de Estado apretar el cinturón en el cumplimiento de las leyes, Riopaila Castilla S.A.  fue demandada por supuesta acumulación indebida de tierras con antecedente de baldíos y el Supernotariado aclaró que solo el juez es el encargado de definir el tema.

Por un lado, el representante por el Polo Democrático Alternativo Wilson Arias anunció que denunciará ante la Fiscalía a la empresa Riopaila Castilla SA y las que hacen parte del proyecto Veracruz.

Con una descripción pormenorizada del actuar de Riopaila Castilla SA y la firma de Abogados Brigard & Urrutia, “y sustentado en pruebas documentales, se espera que la justicia actúe en un caso de flagrante violación de la Constitución y la Ley”, sostuvo el representante.

Arias ya había denunciado a dicha empresa el pasado 5 de junio en la plenaria de la Cámara de Representantes, y a mediados de Mayo ante la Contraloría General.

“Empresa criminal”

En el documento entregado a la Fiscalía, el congresista detalló que “en esta empresa criminal intervienen la creación de múltiples firmas tipo SAS (Sociedades Anónimas Simplificadas) como medio fraudulento o engañoso para concentrar la propiedad de una extensa superficie de tierra, prohibida por la ley mediante el concurso doloso de prestigiosos abogados, los representantes legales del ingenio Riopaila Catilla SAS, los representantes legales y socios de las 27 firmas tipo SAS constituidas para tal fin”.

Otro de los apartes dice que “el Proyecto Veracruz es un entramado de actores y formas que incluyen recursos provenientes de paraísos fiscales, asesoría de abogados, creación de empresas de fachada, entre otros aspectos. Todo con el fin de acumular un globo de tierra que, según el Incoder, alcanza las 42 mil hectáreas”.

De otro lado, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, reiteró que “solamente un juez de la República es el encargado de dirigir el tema y no el Ministerio de Agricultura, el Incoder o la Superintendencia de Notariado y Registro”.

Además, la venta de baldíos por parte de campesinos adjudicados es válida en Colombia, de acuerdo con el funcionario, sin embargo, la acumulación de dos o más es ilegal. Al tiempo que reconoció que las leyes 135 y 160 “son obsoletas y se están buscando alternativas para no afectar la inversión en el campo colombiano”.

Posición del Gobierno

El Ministerio se refirió al tema informando que para dar claridad, precisión y certidumbre jurídica, radicará un proyecto de ley “en el que se proponga la interpretación, con autoridad del Congreso, de la aplicación de la Ley en el tiempo y la necesidad de establecer controles precisos cuando se pretenda invertir en tierras rurales”.

También buscará fortalecer el régimen de protección de las tierras de los beneficiarios de la reforma agraria.

En opinión de la cartera ministerial existe una divergencia de interpretaciones de la Ley 160 de 1994 creando así ante los jueces y los operadores jurídicos en general, “una inseguridad jurídica para entender el verdadero alcance de la prohibición”.