EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo han afrontado los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad los retos generados con ocasión de la implementación, en particular en lo relativo a las amnistías?
MARTHA OLANO: En algunos medios se ha señalado que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, encargados por competencia de conocer de estos asuntos, continúan aplicando la justicia ordinaria y no las normas previstas en la Ley 1820 de 2016. Este tipo de afirmaciones pretende deslegitimar la acción de los jueces que han asumido con total compromiso las competencias asignadas, en virtud de las cuales es procedente que dentro de la autonomía funcional que les cabe en virtud del artículo 228 superior, realicen la valoración jurídica de cada una de las solicitudes frente a los requisitos previstos en la Ley para otorgar los respectivos beneficios.
ENS: ¿Cuáles son los avances de los jueces en esta materia?
MO: Los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad han recibido 3.562 solicitudes de amnistías e indultos, traslados a zonas veredales y libertades condicionadas, de las cuales se han resuelto 2.729, esto corresponde al 76%, lo que permite afirmar que hay avances significativos en la aplicación de la Ley. Cabe precisar que estas solicitudes corresponden tanto a miembros de las Farc que acogieron al proceso de paz, como a miembros de la Fuerza Pública. La mayor demanda de solicitudes reportadas a esta presidencia, se han presentado en los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, Antioquia y Caquetá, con 825, 358 y 305 respectivamente.
ENS: ¿Los recursos entregados por el Gobierno han sido insuficientes?
MO: En este aspecto, es importante aclarar que el Gobierno nacional prometió situar recursos adicionales para apoyar la gestión de los jueces de ejecución de penas. Sin embargo, lo que realmente hizo fue apelar a la figura del levantamiento de concepto previo sobre recursos de la misma Rama Judicial, que obviamente afectan otros programas y proyectos de la misma. Al margen de ese tema, tenemos que en el mes de abril del presente año se logró asignar $5.000 millones para apoyar los centros de servicios de ejecución de penas y medidas de seguridad. Con dichos recursos, el Consejo Superior de la Judicatura tuvo que priorizar la inversión para atender los requerimientos de apoyo de los centros de ejecución de penas con mayor demanda.
ENS: ¿Qué dificultades han manifestado los jueces en la aplicación de los beneficios contemplados en la Ley 1820 de 2017?
MO: Nuestros jueces han expresado que ha sido necesario resolver gran cantidad de solicitudes de personas que han pretendido acceder a los beneficios de la ley, sin tener la calidad de integrantes de las Farc. Lo que ha conllevado la realización de una serie de verificaciones por parte de los mismos, pese a lo cual, las solicitudes se están resolviendo dentro de la oportunidad prevista en la Ley. Se han presentado casos complejos como los relativos a personas que aparecen en los listados del Comisionado de Paz, que además tienen procesos penales pendientes en etapa de investigación, juzgamiento o con sentencias condenatorias ejecutoriadas que cursan o cursaron en diferentes distritos judiciales.
ENS: ¿Cuáles son los principales retos y desafíos para el fortalecimiento de la gestión de calidad en la Rama Judicial?
MO: El Consejo Superior de la Judicatura pretende para los próximos años la consolidación de su modelo de gestión, impactando no sólo en la calidad, sino también en el medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional de los servidores judiciales. Simultáneamente se propone ampliar de manera gradual la cobertura del Sigcma a los despachos judiciales y centros de servicios del país, en especial a las Altas Cortes, puesto que la certificación de varias de las Salas y Secciones de la H. Corte Suprema de Justicia y el H. Consejo de Estado ha despertado el interés de nuevos Despachos, y de la Corte Constitucional.
Es imperioso continuar la elaboración de una norma y una guía técnica de gestión de calidad que se adapte a las condiciones propias de la Rama Judicial, e incluya componentes que no se encuentran plasmados en las normas que regulan la materia, proceso en el que se ha avanzado con el apoyo del Icontec en su condición de Organismo Nacional de Normalización, y en el que se han elaborado siete (7) especificaciones normativas disponibles con un enfoque basado en procesos, incorporando como ejes transversales la equidad de género, la transparencia, la responsabilidad social y el medio ambiente.
ENS: ¿Cuál es la relevancia de la certificación de calidad entregada a la Rama Judicial y cuál ha sido el papel del Consejo Superior de la Judicatura?
MO: La calidad de la justicia se concibe como un eje fundamental en el funcionamiento y organización del Poder Judicial, que implica no sólo la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios del servicio público de justicia, sino también la incorporación de la celeridad, la simplificación y la innovación permanente de los procesos, aprovechando todos los recursos disponibles para la mejora continua de la gestión administrativa y judicial.