Le va muy bien a Juan Fernando Cristo, a quien le entregaron la llamada Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia. Esa entidad, que depende del Departamento para la Prosperidad Social, fue creada para desarrollar dos tareas que adelantaba la antigua Acción Social: la atención a los desplazados y a las víctimas de la violencia. La Barca supo que administrativamente reina allí el caos porque la transición desde la antigua Acción Social es manejada al estilo que ya hemos denunciado por personas inexpertas, faltas de criterio.
Al derecho. Para comenzar, solo han vinculado a 70 personas, amigos del Partido Liberal, al que premiaron con el control del cargo por el papel del senador Cristo en la aprobación de la Ley de Víctimas. Mientras que el equipo base estuvo un mes sin contrato alguno, es decir que todo el sistema de ayuda humanitaria ha estado gran parte del año paralizado en el país mientras las víctimas no encuentran a quién acudir a pesar de las expectativas que se les creó con la nueva normatividad.
Sin divulgación. Tampoco se ha nombrado jefe de prensa en un área que demanda una permanente vocería e interlocución con los medios de comunicación y por el cual nadie responde hoy ante ellos; nunca está para los periodistas que a diario requieren de sus pronunciamientos. Como no hay jefe de prensa, no hay quién escriba un boletín contando cómo se atiende a los desplazados u orientando a las víctimas.
Jugada masiva. A esto se suma la jugada que les acaba de hacer a 700 contratistas encargados en el país de atender las emergencias humanitarias y en general de desarrollar las tareas de la entidad. El Gobierno les dijo en diciembre que ellos tendrían la primera opción para ocupar los cargos de planta de la entidad creados por la nueva ley. Al entrar a ocuparlos entrarían en provisionalidad mientras que la Función Pública convoca a concurso para seleccionar definitivamente a los funcionarios de carrera que entrarán a ocuparlos. Ahora se les ocurrió que para ocupar esos cargos en provisionalidad se debe hacer un concurso interno, ignorando lo prometido por el Gobierno y desconociendo la experiencia del equipo actual. Ese concurso se contrató con la Universidad de Pamplona, Norte de Santander, tierra natal del senador Cristo.
Fuera de lugar. Muchos dudan de que realmente se vayan a cumplir las expectativas creadas con el tema de las víctimas. Y más cuando la persona que está al frente del asunto pareciera no saber dónde está parada. El jueves, en Quibdó, ante un auditorio de 300 personas, encabezado por el Gobernador y la Alcaldesa y ante sus compañeros directivos del Departamento para la Prosperidad, soltó esta frase: “El próximo 2 de mayo vamos a ‘celebrar’ los diez años de la masacre de Bojayá”. Los asistentes inmediatamente protestaron, pues no van a celebrar por semejante tragedia, sino a conmemorarla y a hacerles un homenaje a las 110 víctimas.