Entidades no gubernamentales denunciaron este viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la "criminalización" de las protestas populares en Brasil, a apenas 75 días del inicio de la Copa del Mundo de fútbol.

La denuncia fue presentada durante una audiencia específica en el 150º período de sesiones de la CIDH, en Washington, en que diversas entidades alertaron sobre el posible uso de Fuerzas Armadas para controlar manifestaciones públicas y protestas.

"Percibimos una tentativa de construcción de una normativa excepcional que se propone criminalizar las manifestaciones", dijo a la AFP la abogada Natália Damázio, de la ONG Justicia Global, al fin de la audiencia en que fue una de las expositoras.

Damázio dijo que "se percibe una clara relación" entre el "recrudecimiento" de la represión a las protestas y la proximidad de la Copa del Mundo de fútbol.

En junio del año pasado, en coincidencia con la Copa de las Confederaciones, Brasil fue estremecido por masivas protestas que movilizaron alrededor de un millón de personas y que fueron duramente reprimidas.

Miles de detenidos, incontables heridos y varias personas muertas (incluyendo un camarógrafo de TV) fue el saldo de las manifestaciones y la represión que siguió.

Desde entonces, las manifestaciones perdieron convocatoria y ganaron intensidad con actos de vandalismo convertidos en una constante de estas movilizaciones.

El jueves, una manifestación contra la organización de la Copa del Mundo, convocada para todo el país, logró movilizar unas 500 personas en Sao Paulo y unas 100 en Rio de Janeiro, dejando así en evidencia la pérdida de convocatoria de esos movimientos.

Este viernes, el estado brasileño estuvo representado por el diplomático Carlos da Rocha Paranhos, subdirector político de la cancillería, quien alegó que el gobierno adoptó medidas para evitar que se violen derechos humanos básicos durante protestas callejeras.

"Normas legales recientemente adoptadas contradicen la alegación de que el Estado brasileño sería connivente con abusos perpetrados por agentes de seguridad o con detenciones arbitrarias", dijo Paranhos.

No obstante, durante la sesión, Camila Marques, abogada de la ONG Artigo 19, recordó que "hasta ahora ningún agente policial fue responsabilizado por los abusos y violaciones cometidas en las manifestaciones".