Tentáculos de la multinacional también se habrían extendido en la capital de la República para la construcción del interceptor Tunjuelo-Canoas, para la descontaminación del río Bogotá, el cual le fue adjudicado al consorcio del cual hacía parte junto con este reconocido ingeniero

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Por las irregularidades que se habrían presentado en el trámite y celebración del contrato 1115 de 2009 entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Consorcio Canoas para la construcción del tramo Tunjuelo- Canoas dentro del plan de descontaminación del río Bogotá, la Fiscalía imputará cargos a Carlos Alberto Solarte, uno de los constructores más reconocidos en el país y que ha tenido millonarios contratos con el Estado. De esta forma avanzan los procesos judiciales por los sobornos que la multinacional brasileña Odebrecht pagó en Colombia, pues hacía parte de este consorcio.

Por estos hechos, la Fiscalía también le imputó ayer cargos al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho impropio.

Así lo anunció este miércoles la vicefiscal María Paulina Riveros, quien explicó que Carlos Alberto Solarte y su hija  Paola Fernanda Solarte Enrique serán objeto de imputación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer, en audiencia que se celebrará el 27 de noviembre de este año.

Carlos Solarte y Paola Fernanda Solarte Enrique figuran como  representantes legales de la compañía CASS Constructores (del Grupo Solarte),  y en tal condición  miembros del Consorcio Canoas, el que también como se dijo  integraba la Constructora Norberto Odebrecht.

Luego de que a finales del año pasado estallara en Colombia el escándalo por los multimillonarios  sobornos que pagó Odebrecht para asegurar quedarse con varios contratos de obra pública, el principal de éstos la Ruta del Sol II, la Fiscalía inició pesquisas en varios frentes, encontrando que la multinacional también habría extendido sus largos tentáculos en Bogotá durante la administración de Samuel Moreno.  

De los pocos contratos que le tocaron a Odebrecht en esa época en el llamado ‘carrusel de la contratación’ están identificadas las irregularidades perpetradas para la construcción del interconector Tunjuelo-Canoas para la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB).

Este interceptor es una obra de grandes dimensiones cuyo objetivo es arrastrar las aguas desde el río Tunjuelo hasta la planta de tratamiento de Canoas, en Soacha, Cundinamarca, final de la línea de descontaminación del río Bogotá.

Además de los problemas por corrupción la obra ha sido cuestionada por los expertos porque como está diseñada no ayudaría a descontaminar el río Bogotá.

La Fiscalía indicó  que dentro de la investigación que se adelanta por el trámite y celebración del contrato 1115 de 2009 entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Consorcio Canoas  para la construcción del tramo Tunjuelo-Canoas dentro del plan de descontaminación del río Bogotá, hoy imputará a Orlando Fajardo Castillo los delitos de peculado por apropiación (como interviniente), interés indebido en la celebración de contratos (también como interviniente) y cohecho por dar u ofrecer.

Fajardo fue subcontratista del Consorcio Canoas y representante de CASS Constructores  en la Junta Directiva del Consorcio.

También el próximo 23 de octubre, la Fiscalía al señor Jaime Buenaventura Quintero Sagré le imputará los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público. Esta persona figura como interventor del contrato 1115 de 2009.

La investigación del contrato para la construcción del tramo Tunjuelo- Canoas se inició por análisis de información contenida en la matriz de colaboración de Emilio Tapia Aldana, quien informó a la Fiscalía que en el diseño, construcción y puesta en operación de este túnel se habrían pagado comisiones.

La hipótesis de la Fiscalía se orienta a demostrar que se presentaron irregularidades a través de un acuerdo entre altos funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, miembros del Consorcio Canoas y el Consorcio Interventor Canoas y personas externas, entre quienes se encontrarían Emilio Tapia Aldana, Manuel Castro, Andrés Cardona y Orlando Fajardo, quienes habrían pactado el pago de comisiones o dádivas que terminarían por beneficiar a servidores públicos, tales como los hermanos Moreno Rojas.

Tal hipótesis demostraría que el proceso de corrupción se habría iniciado desde la misma selección de contratistas que participarían en la licitación, en la manipulación de pliegos de condiciones y, en general, del proceso contractual.

A la fecha  Andrés Cardona se encuentra privado de la libertad en virtud de la imputación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Volviendo al caso del exalcalde Moreno, este miércoles  la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 24 años de prisión por el escándalo del ‘carrusel de la contratación’.

Hallan más sobornos

La Fiscalía reveló que a la lista de contratos producto de sobornos en el caso Odebrecht se suma ahora el contrato de estabilidad jurídica suscrito el 31 de diciembre de 2012 entre la Nación-Ministerio de Transporte y la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., cuyo objeto era la garantía por parte de la Nación de que al inversionista, en este caso la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.- de la que es socio mayoritario la firma brasileña Odebrecht-, se le continuaría aplicando la normatividad vigente en materia de impuesto al patrimonio, al momento de la suscripción del contrato, en caso de que aquél sufriera modificaciones en el futuro.

El ente acusador indicó que “el objeto del contrato fue lícito y se fundamentó en la Ley 963 de 2005, modificada por los artículos 48 y 49 de la Ley 1450 de 2011, y en los decretos 2950 de 2005 y 1474 de 2008, así como los documentos Conpes 3366 de 2005 y 3406 del mismo año. No obstante, la Fiscalía ha establecido que, para afianzar el trámite del contrato, Odebrecht habría pagado la suma de $4 mil millones desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de Brasil”.

Explicó la Fiscalía que para el efecto habrían buscado los oficios del intermediario “Federico Gaviria, quien a su vez habría contado con la participación del exsenador Otto Nicolás Bula para que por medio de sus influencias lograra contactar a un congresista, para que intercediera ante los Ministerios competentes”.

Así, le fueron imputados por estos hechos al empresario Federico Gaviria los delitos de cohecho por dar u ofrecer -en calidad de determinador- y tráfico de influencias de particulares.

A su turno, el pasado 18 de septiembre, la Fiscalía compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue la presunta participación en estos hechos del senador Bernardo Miguel Elías Vidal y el senador Antonio del Cristo Guerra de la Espriella.

En este mismo caso, el día 23 de agosto se recibió en diligencia de interrogatorio a Luis Miguel Pico Pastrana, entonces asesor del Ministro de Comercio, Industria y Turismo de la época.

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