Sin embargo, falta realizar la consulta previa. Líderes de estas comunidades celebraron los diálogos con el Gobierno.

CREAR UNA institucionalidad especial en la Ley de Víctimas para los pueblos indígenas y las comunidades étnicas, fue el compromiso al que llegó el Gobierno con estas poblaciones, al culminar la concertación del decreto que regula la iniciativa.

Así lo dio a conocer el director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, Miguel Samper. “Entre los acuerdos, se convino que, dentro de la nueva institucionalidad que crea la Ley de Víctimas, se cree también una institucionalidad especial para los pueblos indígenas y las comunidades étnicas”, dijo.

De igual manera, el funcionario destacó la participación y la altura de la discusión de los delegados de la Mesa Nacional de Concertación, quienes enriquecieron este proceso con sus propuestas.

“El éxito de este proceso, que nunca antes se había realizado con las comunidades y pueblos indígenas, se basó en el diálogo fluido y el respeto por parte de los líderes y los delegados del Gobierno Nacional”, indicó Samper.

La discusión del Decreto-Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aplicable a estos grupos se dio en cuatro semanas con delegados de las comunidades y pueblos indígenas del país.

Según Luis Fernando Arias, Secretario General de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, este documento, “después de la Constitución Política de 1991, es el instrumento más revolucionario en materia de garantías para los pueblos indígenas”.

El texto concertado establece los programas de reparación colectiva, así como las medidas de reparación individual aplicables a las comunidades indígenas y sus integrantes. De esta manera, el Gobierno Nacional garantiza que las víctimas del conflicto armado que hacen parte de estos colectivos, participen y propongan el modelo para implementar en cada pueblo los beneficios de la Ley 1448 de 2011.

De igual manera, el Gobierno ha calculado el monto total de la reparación en al menos 450 mil millones de pesos en el primer año de vigencia. Son tres millones 700 mil las víctimas que espera reparar.

El paso siguiente, explicó el director de Justicia Transicional, será el proceso de consulta previa con las comunidades en el terreno. Allí cada líder expondrá la manera en que serán aplicados los beneficios de la Ley de Víctimas, cómo serán implementados los componentes y las medidas de reparación y asistencia, siempre con un enfoque diferencial desde la visión y desde las necesidades de las comunidades indígenas.

Asimismo, medidas de satisfacción, como la construcción de la Memoria Histórica, serán implementadas a partir de la cosmovisión de cada pueblo.

El ministro del Interior Germán Vargas Lleras ya había explicado que serán conformados 12 subcomités para la preparación y aplicación de la Ley, al igual que serán creadas cuatro instituciones específicas, en conjunto con entes del sector público.

Frente a lo que fue esta concertación, el Secretario General de la ONIC Luis Fernando Arias, sostuvo que esta fue una experiencia en la que todos aprendieron, tanto indígenas como Gobierno Nacional.

“Para las víctimas indígenas esta fue una experiencia muy importante. Ojalá el Gobierno mantenga esta decisión de adelantar este tipo de debate y trabajo. Fue un debate respetuoso, con criterios y argumentos de parte y parte. El propósito siempre fue encontrar salidas negociadas. Y eso ayudó a que hoy hayamos amanecido con un Decreto-Ley conciliado”, sostuvo Arias.

El Plan de Reparación a las víctimas de la violencia debe quedar plasmado en ese decreto del Ministerio de Justicia, el cual tiene que ser concertado con las comunidades víctimas de la violencia, afrodescendientes e indígenas para lograr consensos que eviten trabas en la entrada en vigencia de la Ley de Reparación, prevista para el próximo primero de enero. El Gobierno ha anunciado que a mediados de diciembre de este año espera firmar el decreto que haga realidad la norma.