Aunque se pensaba que se le iba a quitar el freno de mano a la llamada Revolución Territorial del Gobierno, no se le dio tercer debate al proyecto de Régimen Departamental.

Volvió a quedar en veremos y sin una fecha fija la discusión de la creación de un Consejo Nacional de Gobernadores como instancia de coordinación y ejecución de las políticas públicas sectoriales en el nivel territorial, entidad que sería presidida por el Presidente de la República, y la que se consideraba una de las modificaciones más importantes del proyecto de Régimen Departamental. Un debate que a pesar de estar en la agenda volvió a ser aplazado  y siguió dejando congelada una de las iniciativas más importantes del paquete que el Gobierno denominó ‘Revolución Territorial’.

Aunque son varias e importantes las modificaciones que incluye la iniciativa el senador Eduardo Enríquez Maya, ponente del proyecto, explicó que hasta el  momento no se ha visto voluntad del Gobierno ni del Congreso para sacar adelante la iniciativa que está pendiente de debate desde el pasado tres de mayo, fecha en la que se publicó la ponencia para el tercer debate del proyecto, el primero en la Comisión Primera del Senado.

Sin embargo, los cambios siguen estando listos para ser discutidos pero hará falta un empujón del ejecutivo y uno más del legislativo para poder analizar un proyecto que busca dictar normas tendientes a modernizar la organización y  el funcionamiento de los departamentos.

Los ponentes de la iniciativa han dicho que es necesario plantear un régimen actualizado de acuerdo a los desarrollos constitucionales, jurisprudenciales, la reforma política y los nuevos retos en materia de productividad que tiene el país, teniendo en cuenta que muchas de las normas que rigen a los departamentos son el decreto 1222 de 1986, normatividad anterior a la Constitución misma.

Que los gobernadores tengan cierto tipo de autorizaciones y potestades son algunas de las modificaciones que trae la ponencia que en total cuenta con 152 artículos. El artículo 14 propone, “autorizar de manera general a los gobernadores para la celebración de todos los contratos tendientes a desarrollar los programas y proyectos incluidos en el plan de desarrollo del departamento, en la ordenanza a través de la cual se imparta su aprobación a este último o en sus modificaciones.

La ponencia a cargo de los senadores Parmenio Cuellar, Manuel Enríquez, Hemel Hurtado, Eduardo Enríquez Maya y Jesús Ignacio García, también incluyó la posibilidad de que se creen regímenes especiales, es decir, que a partir de la división político administrativo del país se puedan conformar grupos departamentales de acuerdo con sus características geográficas, étnicas, ambientales y culturales.

Otro de los puntos que tendrá que analizar la Comisión  Primera será la posibilidad de que la Nación le pueda atribuir a los departamentos algunas facultades propias de los organismos y entidades públicas, siempre y cuando las iniciativas hagan parte integral de la visión de desarrollo territorial multisectorial que quiere adelantar el país.

“La Nación, en asocio con cada uno de los departamentos, adelantará un estudio para comprobar la capacidad técnica, operativa y funcional con el fin de determinar cuáles atribuciones le podrán ser delegadas al departamento”, indica el artículo 126, el cual fue agregado en la ponencia.

Se rumoraba que a pesar de que la ponencia está lista desde hace varios meses el anterior ministro del Interior, Federico Renjifo, había tomado la decisión de aplazar el debate de la iniciativa para esta legislatura de forma que los congresistas y miembros del Ministerio tuvieran más oportunidad de seguir consultando a las autoridades departamentales y así crear un mayor ambiente de autonomía a los manejos administrativos. Sin embargo, ya casi se completa el tercer mes de la legislatura y no se ha discutido la iniciativa.

El semestre pasado varios congresistas se mostraron inconformes con el articulado presentado por el Gobierno, así que hoy el termómetro que indica la favorabilidad del proyecto dirá si la iniciativa merece continuar con su objeto, de permitirles a los gobernadores tener la función de armonizar los Planes municipales de Ordenamiento Territorial con el fin de que no interfieran con el desarrollo regional y promuevan la integración armónica del territorio, o mejor se archiva mientras se presenta una mejor iniciativa.