Ahora el presidente de la República presentará las ternas para escoger el jefe del Ministerio Público y Contralor, y el Congreso en pleno elegirá.

A pesar de las advertencias que hicieron representantes a la Cámara como Germán Navas Talero del Polo Democrático y Guillermo Rivera del Partido Liberal, sobre las excesivas facultades que se le están recargando al Ejecutivo y el despresamiento de varias funciones de las altas Cortes, ayer la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el paquete de artículos del proyecto de reforma a la justicia que le quita al poder judicial la facultad de presentar la terna para elegir al Procurador y Contralor General.

Ahora será el Presidente de la República quien conforme la terna para escoger al jefe del Ministerio Público y al jefe del órgano de control fiscal, y será el Congreso en pleno quien elija. Asimismo, por terna enviada del Ejecutivo el Legislativo elegirá al defensor del pueblo, quien ahora será un subalterno del Procurador General.

No tuvo eco en la plenaria, la proposición hecha por la representante del Polo Democrático, Alba Luz Pinilla, de que el Contralor fuera elegido por el Congreso de terna enviada por el mayor partido político de la oposición, en este caso el Polo.

En consecuencia, sólo la elección del Fiscal General quedó sin reforma alguna, por lo que la Corte Suprema de Justicia seguirá eligiendo al director del ente acusador de terna enviada por el Presidente de la República.
Frente a este panorama, el parlamentario Guillermo Rivera advirtió el marcado poder que ostenta el jefe del Estado, porque ahora influirá en la elección de todos los jefes de órganos de control.

Sin embargo, ayer la plenaria de la Cámara eliminó el artículo que contemplaba que el Registrador Nacional lo elegiría el Congreso de terna también enviada por el Presidente de la República. De tal manera, que el sistema quedó como está actualmente, donde los partidos presentan las listas y las cortes eligen al funcionario electoral.

Mico
Otro de los artículos negados ayer por la Cámara de Representantes fue uno que causó gran polémica, pues pretendía entregarle unas superfacultades al Auditor General, que es el encargado de controlar fiscalmente a la Contraloría.
Tal como lo proponía la ponencia mayoritaria, el Auditor tendría la función de sancionar a los contralores territoriales y podría realizar auditorías con las contralorías departamentales.

Esta propuesta causó gran disgusto entre los parlamentarios, quienes acusaron en primera medida que se viciaría el proyecto por violar el principio de consecutividad, pues ese artículo fue propuesto sólo en su cuarto debate. Otros representantes señalaron que el Auditor reemplazaría tanto a la Procuraduría y la Fiscalía si se mantenían sus funciones sancionatorias.

Inclusive el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se mostró en contra con abrirle la posibilidad a este alto funcionario de reelegirse, pues ya la iniciativa planteaba aumentar su período de dos a cuatro años.
Además algunos representantes, como Germán Navas Talero, advirtieron que ese tema se debió haber regulado en otras normas como la ley anticorrupción o la reforma política.

Polémicas
Aparte de los superpoderes que iba recibir el Auditor General, hubo otros dos temas de la reforma que dividieron a la Cámara.

El primero tiene que ver con el último artículo transitorio de la iniciativa, que contempla que la aprobación del acto legislativo de la reforma judicial no generará conflicto de intereses entre los parlamentarios que lo hayan aprobado, ni en las leyes posteriores que los regulen.

El representante Guillermo Rivera advirtió que una reforma constitucional recién aprobada, estableció que el trámite de actos legislativos no genera conflicto de intereses, porque éstos regulan principios y derechos generales e impersonales; pero no impide los conflictos de intereses que se generen por la aprobación de leyes ordinarias o estatutarias que regulen artículos constitucionales.

Rivera Flórez advirtió que son varios los proyectos de ley ordinaria que el Congreso deberá tramitar para regular la reforma a la justicia, por lo que habrá un gran número de congresistas que declararán impedidos para debatirlos.   

Por ello, presentó una proposición en el sentido de que si más del 30 por ciento de los integrantes de las comisiones constitucionales o plenarias se declaraban impedidos para debatir las iniciativas, el quórum mayoritario se establecería sobre los parlamentarios que no se declararon impedidos y no sobre la totalidad de la comisión o corporación legislativa donde sea tramitado el proyecto. Esto, según el congresista liberal, para evitar que el quórum se desbarajuste y se hundan las iniciativas.

Sin embargo, los ponentes de la reforma judicial se mostraron en contra de esta proposición, argumentando que en el caso de que a más del 50 por ciento de los parlamentarios les sean aprobados los impedimentos, sería una minoría la que aprobara los proyectos de ley. En consecuencia, la propuesta de Guillermo Rivera fue negada.

Por otra parte, causó un gran debate la propuesta del representante Germán Navas de que el Procurador General no pudiera investigar y destituir a los congresistas.  La proposición fue hecha dentro del artículo que establece las facultades que tendrá el jefe del Ministerio Público. Sin embargo, y gracias a la intervención del ministro Germán Vargas, con una votación bastante apretada la plenaria de la Cámara negó la proposición.

Así mismo, ayer la Cámara aprobó cinco artículos nuevos, entre los que se encuentran una nueva causal de pérdida de investidura, que aplicará para los congresistas que no asistan a seis sesiones de sus respectivas comisiones.

Con estos artículos aprobados culminó la primera vuelta legislativa de la iniciativa, y ahora tendrá que enfrentar sus últimos cuatro debates en la segunda mitad de la actual legislatura, que inicia a partir del 16 de marzo.